La inminente reunión convocada por Indecopi este miércoles definirá el futuro del proceso concursal de Doe Run Perú y el destino del fideicomiso de 20 millones de dólares retenido por Scotiabank, fondos que solo podrán liberarse luego de la designación de un nuevo liquidador.
Sin embargo, la exclusión definitiva de Consultores A1 como administradora de la quiebra de la metalúrgica ha motivado una rápida respuesta de su director legal externo, Richard Almerco, quien sostiene que la resolución del organismo responde a una evaluación “incorrecta” sobre la gestión de la empresa y que este desenlace favorece intereses de grupos comerciales enfrentados con los acreedores laborales.
Tensión por 20 millones de dólares en fideicomiso de Doe Run Perú
De acuerdo con información recogida por Infobae Perú, el registro de Consultores A1 fue cancelado tras impagos de multas y sanciones dictadas por la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi, lo que obliga a la Junta de Acreedores a elegir este miércoles a un nuevo gestor para el proceso.
La compañía, mediante Almerco, rechaza la decisión y prepara una defensa legal al sostener que la sanción “no ha valorado el trabajo de campo y la restitución de la paz social” lograda durante los primeros meses de administración, momentos definidos por la transferencia en dación de pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la operación de compraventa de la Unidad Minera Cobriza.
La liquidación de Doe Run Perú constituye uno de los procedimientos concursales más extensos en la historia reciente del país. En 14 años, seis liquidadores han pasado por la gestión de sus activos y deudas, sin que se logre el cierre definitivo ni la satisfacción plena de los acreedores.
Extrabajadores y empresas chocan ante Indecopi por reparto de fondos de Doe Run Perú
Las operaciones gestionadas por Consultores A1 incluyeron avances en la venta de activos y acuerdos parciales de pago para extrabajadores, aunque muchos reclamos económicos permanecen pendientes. Almerco atribuye la salida a una estrategia de acreedores comerciales como Odfjell Terminals Perú - Depósitos Químicos Mineros S.A. (DQM) y Gran Caimán, a quienes señala de priorizar sus intereses sobre los de los trabajadores.
“El objetivo central de estos acreedores es quedarse con los fondos para aprobar indebidamente a DQM y colocar a la liquidadora de acuerdo a sus intereses”, declaró el abogado en una carta enviada a este medio.
En la misma comunicación, el abogado de la acreencia laboral asevera que la controversia fundamental radica en la prelación legal de derechos: mientras los extrabajadores reclaman prioridad, las empresas que dieron algún tipo de servicio a la extinta Doe Run Perú impulsan acciones judiciales, como la ejecución de un laudo arbitral por supuestos créditos de 17 millones de dólares.
Tensión por 20 millones de dólares en fideicomiso de Doe Run Perú
El proceso enfrenta desafíos adicionales por la fragmentación interna entre los propios acreedores laborales y la falta de consenso para aprobar los convenios de distribución del fideicomiso retenido. Además de las acreencias comerciales y laborales, persiste una cartera de deudas tributarias y obligaciones con fondos de pensión que suman más de 52 millones de soles, según la información publicada por Infobae Perú.
La exclusión de Consultores A1 deja la administración de los recursos en manos del próximo liquidador, aunque Almerco advierte que los nombres postulados, como Chávez Magan y Alva Consulting, responden a intereses alineados con los acreedores comerciales.
“Les conviene que sus liquidadores que quedan como postulantes sean los que reciban este caso para cancelar las acreencias comerciales que están buscando en todo el 2024 y 2025 con las acciones evidentes que han hecho, como por ejemplo, demandar ante el Poder Judicial la ejecución del laudo arbitral respecto de sus supuestos créditos de US$17 millones, sobre la base de un almacén que nunca utilizó el proceso de liquidación de Doe Run Perú”, refiere la misiva.
Doe Run Perú suma 14 años sin solución definitiva
Finalmente, el letrado sostiene que la comisión de la sanción “solamente ha aportado su mejor experiencia para resolver un proceso de más de 12 años sin realizar los activos de minera Cobriza, ni definir la dación en pago de La Oroya”, reiterando que las acciones tomadas reflejaron una gestión apegada a la legalidad y la búsqueda del equilibrio entre los intereses en disputa.
La designación que realice la Junta de Acreedores este miércoles determinará si el proceso logra resolver el reparto de los 20 millones de dólares del fideicomiso y avanzar, finalmente, hacia la liquidación integral de la compañía. Miles de extrabajadores y representantes comerciales permanecen a la espera de una definición que ha tardado más de una década.
