El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, solicitó la renuncia de la abogada penalista Giovanna Vélez Fernández a la asesoría de su despacho, tras conocerse que en su tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) describió el periodo de violencia que afectó al país entre los años 1980 y 2000 como un “conflicto armado interno”, en lugar de terrorismo.
En entrevista con Willax, el ministro Tiburcio respondió con firmeza que el país vivió terrorismo, enfatizando la vigencia de la ley 25475 sobre la materia y rechazó la narrativa expuesta por la exfuncionaria. Sostuvo que había tomado conocimiento de la situación hace poco tiempo.
Relató que su designación pasó por Recursos Humanos, instancia que nunca le advirtió sobre la polémica referencia. Tras enterarse, mencionó que solicitó de inmediato su renuncia. “Cuando nosotros ingresamos a este sector y comenzamos a hacer evaluación, esta persona me dice que ya había trabajado en el ministerio. Su currículo calificaba para ese puesto porque Recursos Humanos hace toda la evaluación, [pero] esto no teníamos. Por eso inmediatamente después de haber tomado conocimiento le he pedido la carta de renuncia, que ya está en curso. Hoy mismo, antes de venir a tu programa, le pedí al jefe de gabinete: ‘la renuncia la quiero en forma inmediata’. Yo no voy a permitir esas cosas de ninguna manera”, reiteró.
No obstante, Giovanna Vélez defendió que su salida no se debe a lo expuesto en su trabajo académico, sino al rechazo en su contra por parte de un sector del Congreso y el anuncio de que denunciaría a la fiscal suprema Patricia Benavides por plagiar más de 30 páginas de su propia investigación. “El ministro se ha prestado para un show mediático y eso me parece una bajeza”, declaró a La República.
Mencionó que el trabajo académico aludido no trató sobre la naturaleza del denominado terrorismo, sino que consistía en un proyecto de innovación sobre la unificación de registros de víctimas de desaparición forzada. Consideró que el ministro sacó frases fuera de contexto y que la solicitud de su renuncia llegó tras el inicio de presiones parlamentarias por otros motivos.
“A mí no me pidieron la renuncia por el tema de la tesis, eso lo supe recién por televisión”, señaló, añadiendo que previamente había ocupado el mismo cargo en dos ocasiones previas, pese a que su tesis ya era pública desde 2019.
“Lo que ha ocurrido es una represalia por ese tema, a mí no me queda la menor duda. Yo he ocupado antes el cargo y cuando uno ocupa un cargo de confianza se revisan los antecedentes… Recursos humanos ha revisado el tema, que he cumplido los requisitos para el puesto, que es lo que el mismo ministro ha dicho en la entrevista. Sin embargo, dijo que no sabía que había escrito esa tesis o que había utilizado el término”, argumentó.
Asimismo, desde su perspectiva, el pedido de renuncia por el uso de una expresión jurídica aceptada en el Derecho Internacional Humanitario implica una intromisión en la libertad académica y profesional. “Tratar de justificar una salida por un término legal implica, además de ignorancia, una bajeza y falta de caballerosidad de su parte porque está denigrando a una profesional de prestigio”, señaló.
