La pregunta sobre el respaldo a las recientes marchas de protesta ciudadana efectuadas el 15 de octubre en diversas ciudades de Perú revela que 65,6 % de la población está de acuerdo con estas movilizaciones. Así lo muestra una encuesta reciente de CPI publicada por RPP que desglosa la opinión por zonas geográficas, sexo y grupos etarios.
El informe refleja que el apoyo es más elevado en la costa y sierra sur, regiones donde la aprobación alcanza el 71,6 %. En contraste, la selva registra un 56,2 % de respaldo. En Lima y Callao, el porcentaje de acuerdo es del 63,9 %, lo que representa una adhesión considerable en la capital y su entorno inmediato respecto a las protestas recientes.
En relación con el sexo, tanto hombres (66,3 %) como mujeres (64,7 %) muestran posturas similares respecto al respaldo a las manifestaciones. Entre los grupos de edad, el apoyo resulta mayor en personas de 40 años a más, donde alcanza 70,4 %, mientras que el segmento de 25 a 39 años registra 65,2 %, y el de 18 a 24 años se sitúa en 59,7 %.
Por otra parte, el 30 % de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con las protestas del 15 de octubre, en tanto que un 4,4 % no precisó su postura. El desacuerdo registra niveles más altos en la selva (37,7 %) y entre los jóvenes de 18 a 24 años (33,0 %). El porcentaje de indecisos resulta minoritario en todos los segmentos analizados.
El análisis por ámbito geográfico y demográfico evidencia que las señales de respaldo ciudadano a las protestas no solo se concentran en sectores tradicionalmente movilizados, sino que aparecen distribuidas a lo largo del país y de diversos segmentos sociales. Esta fotografía cuantitativa aporta elementos para entender el alcance social y territorial de las manifestaciones recientes.
Nuevo llamado a las calles este 14 de noviembre
El aumento del apoyo a las movilizaciones se produce en medio de un nuevo llamado a una marcha nacional programada para el jueves 14 de noviembre en Lima, cuyo eje central será denunciar la impunidad, la escalada de violencia y la falta de respuestas del Estado frente al avance de la criminalidad. La protesta dirige sus críticas principalmente al Congreso de la República.
La concentración principal está prevista en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, desde las 5:30 p.m. Se espera la asistencia de colectivos y ciudadanos de distintos distritos de la capital e incluso de regiones cercanas. Los organizadores han reiterado el carácter pacífico de la marcha y han solicitado evitar enfrentamientos durante el recorrido.
El investigador Antonio M. Quispe confirmó la convocatoria el 8 de noviembre a través de X, donde señaló que esta jornada no responde a intereses partidarios, sino a un reclamo ciudadano ante lo que denomina un Congreso “que protege el crimen organizado” y mantiene leyes que —según denuncian los convocantes— favorecen la impunidad y debilitan la lucha contra la delincuencia.
¿Qué se reclama?
El mensaje central de los organizadores apunta a visibilizar la falta de acciones legislativas para enfrentar la criminalidad. “Hoy en el Perú la impunidad tiene nombre y rostro: un Congreso que protege el crimen organizado y se niega a derogar las leyes pro-delincuencia, dejándonos a merced de extorsionadores y sicarios”, señaló Quispe en su publicación.
Las consignas buscan reflejar que la problemática afecta por igual a jóvenes, transportistas y familias, y que la violencia avanza sin respuesta estatal. Los organizadores sostienen que se trata de una movilización ciudadana para exigir seguridad, justicia y la protección de derechos fundamentales que sienten vulnerados en su vida cotidiana.
La convocatoria también responsabiliza tanto al Congreso como al Ejecutivo por no garantizar condiciones mínimas de seguridad y justicia. Para quienes impulsan la marcha, la calle se ha convertido en el último recurso para demandar soluciones concretas frente a la violencia, la impunidad y el desgaste institucional.
