La situación de Betssy Chávez, excongresista y expremier del gobierno de Pedro Castillo, ha puesto en el centro del debate el alcance y la función de un documento legal poco habitual: el salvoconducto. En el contexto actual, la exfuncionaria permanece en la residencia oficial de la embajadora de México en Lima mientras espera la resolución sobre su solicitud de asilo en el país norteamericano. La clave para que pueda salir del territorio peruano se encuentra precisamente en este documento.
Un salvoconducto constituye una autorización excepcional emitida por una autoridad estatal para que una persona pueda circular libremente o abandonar un país, aun si enfrenta restricciones judiciales o administrativas. Este instrumento adquiere relevancia cuando existen procesos abiertos, órdenes de detención o solicitudes de extradición, pero también se activa en casos de asilo diplomático, ya que permite materializar el traslado seguro de la persona protegida.
Actualmente, Chávez permanece bajo régimen de detención domiciliaria debido a investigaciones judiciales relacionadas con su gestión como presidenta del Consejo de Ministros. No podría salir de Perú, ni desplazarse hacia el aeropuerto internacional, sin el consentimiento expreso de las autoridades nacionales. Ante este escenario, el gobierno de México ha solicitado formalmente al Perú que habilite el salvoconducto correspondiente, como prevén los tratados internacionales sobre asilo.
El trámite del salvoconducto exige el análisis del Estado peruano y de las entidades gubernamentales involucradas, ya que implica ponderar obligaciones internacionales y la salvaguarda de los procesos penales. La entrega de este documento a Chávez permitiría que, bajo custodia y con garantías de protección, pueda pasar de la sede diplomática mexicana en Lima al aeropuerto, y posteriormente abordar un vuelo hacia territorio mexicano.
El proceso resalta la compleja interacción entre la protección internacional y la jurisdicción interna. Si las autoridades peruanas deciden aprobar el salvoconducto solicitado para Betssy Chávez, se habilitaría la vía legal para concretar su viaje hacia México bajo la condición de asilada y conforme a los convenios multilaterales firmados por el Perú. El caso continúa bajo análisis, con atención de la opinión pública tanto local como internacional.
Salvoconducto en espera
El presidente de Perú, José Jerí, informó que el país aún no ha tomado una decisión sobre la entrega del salvoconducto solicitado para Betssy Chávez, excongresista y expremier, quien permanece en la Embajada de México en Lima tras recibir asilo político. Jerí declaró que el Ejecutivo no ha adoptado una posición oficial respecto a la solicitud elevada por el gobierno mexicano. Explicó que “al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México; el efecto práctico es ese”. Durante su exposición, mencionó que el país reconoce sus compromisos internacionales, aunque identificó falencias en el actual sistema de asilo.
Ante preguntas sobre la situación diplomática, Jerí sostuvo que la Cancillería es la entidad responsable de informar sobre los movimientos de funcionarios mexicanos tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones. Reiteró que Chávez sólo podrá salir del país si se entrega el documento solicitado. Mientras tanto, seguirá bajo protección de la legación diplomática mexicana en la capital peruana.
El gobierno también anunció que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político en la región. El objetivo es evitar el uso indebido de esta figura legal, y se alegó que el derecho de asilo ha sido empleado para eludir procesos judiciales en países democráticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que las consultas se están realizando con expertos y se comunicará oportunamente la decisión final sobre el caso de Betssy Chávez y futuras reformas al marco normativo de asilo.
