La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una mujer tras la difusión de un video en el que golpea de forma violenta a su hijo de diez años en su vivienda de la urbanización Wimpillay, distrito de Santiago, Cusco. En las imágenes, que registró una vecina, también aparece el padrastro del menor observando la agresión sin intervenir. El video se viralizó en redes sociales, lo que provocó indignación pública e impulsó la rápida intervención de las autoridades.
Intervención policial y medidas judiciales
El coronel PNP Carlos Cárdenas, jefe de la División de Orden y Seguridad en Cusco, confirmó que la intervención se realizó alrededor de las 5:50, luego de la emisión de una orden judicial de detención preliminar por 72 horas dispuesta por el Poder Judicial. “Fue intervenida en su domicilio, sin resistencia. La orden judicial se coordinó rápidamente entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, precisó.
La denuncia había sido presentada por la tía del menor en la madrugada del cinco de noviembre, tras la viralización del video. Las investigaciones iniciales establecieron que otros dos hijos de la mujer —un adolescente de 16 años y una niña de 3— también habrían sido víctimas de maltrato. El Instituto de Medicina Legal determinó que los menores de 10 y 16 años presentan lesiones leves, mientras que la niña no muestra lesiones físicas.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, Manuel Mayorga, indicó que la Fiscalía de Violencia Familiar y contra las Mujeres solicitó la detención preliminar de la madre para la investigación. “El Ministerio Público ha asumido de forma inmediata el caso, junto con la autoridad policial. Se han realizado las diligencias correspondientes y se ha solicitado una medida limitativa de libertad para investigar estos hechos con la presencia de la denunciada”, señaló Mayorga.
El padrastro de los menores será incluido en el proceso de intervención.
Protección de los menores y seguimiento del caso
Mayorga informó que los tres hijos de la investigada permanecen bajo resguardo de la Unidad de Protección Especial (UPE) en hogares temporales mientras continúan las investigaciones. “Se ha requerido la intervención de la autoridad administrativa para garantizar la protección de los menores. La fiscal provincial del caso ha actuado con celeridad para preservar su integridad física y emocional”, explicó.
La subgerenta de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA), Anani Quispe Ferro, indicó que los menores se encuentran en un Centro de Acogida Residencial (CAR), donde reciben atención psicológica y mantienen su escolaridad. Además, se elaborará un plan de trabajo orientado a fortalecer las competencias parentales de la madre y a ofrecer apoyo individualizado a cada menor.
Respecto a la madre, se supo que posee antecedentes de violencia familiar, aunque no directamente contra sus hijos. Su condición psicológica será evaluada para determinar si requiere algún tratamiento especializado. La representante del Ministerio Público aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores y sancionar los actos de violencia.
“El Ministerio Público rechaza absolutamente este acto de maltrato y cualquier forma de violencia física o psicológica. Ningún padre puede exceder sus facultades formativas ni disciplinarias”, concluyó Mayorga.
