El sector de los transportistas urbanos enfrenta un escenario de violencia sostenida, con asesinatos, atentados y una reciente jornada de paro que frenó el servicio y llevó a reclamos y manifestaciones en distintos puntos de Lima y Callao.
La situación detonó una crisis que afecta tanto a los conductores como a los miles de usuarios que dependen de los servicios de transporte público en la capital, en un contexto de estado de emergencia.
Diversos gremios decidieron suspender operaciones en protesta contra la ola de extorsión y asesinatos que involucran a choferes y cobradores.
Voceros como Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, detallaron que la protesta buscó visibilizar la situación de inseguridad, señalando que la medida se llevó adelante “por los fallecidos, por los ataques y amenazas que persisten con nuevas bandas criminales”.
Las calles de Lima y Callao se mantienen bajo estado de emergencia desde el 22 de octubre, lo que no ha impedido que se registren homicidios y atentados.
Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros quince días de la gestión de José Jerí se contabilizaron 28 asesinatos relacionados con el sector.
Algunos dirigentes, como Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, remarcaron que más de una decena de conductores han perdido la vida en las últimas semanas, una situación que agrava la sensación de desprotección entre los trabajadores del rubro.
La fragmentación interna del gremio se reflejó en la decisión de cerca de 280 empresas, agrupadas en distintos colectivos, de pausar sus medidas de fuerza y dar un plazo al Gobierno. De manera simultánea, otras compañías formales optaron por estacionar sus unidades como parte de la protesta.
Atención prioritaria para transportistas víctimas de extorsión
La respuesta del Ministerio de Salud (Minsa) llegó tras una reunión multisectorial celebrada en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), evento que contó con la presencia de la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Shirley Monzón Villegas. Allí se detalló la decisión de priorizar la atención de los transportistas víctimas de extorsión.
Como parte de esta disposición, Minsa pondrá en funcionamiento una línea telefónica especial, articulada con el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), permitiendo que los conductores afectados accedan a atención inmediata.
Además, personal del ministerio visitará a transportistas heridos que permanezcan internados en hospitales como el Hipólito Unanue y el Cayetano Heredia con el objetivo de monitorear su recuperación.
Otras acciones incluyen la organización de capacitaciones dirigidas a transportistas urbanos, para que conozcan los procedimientos de acceso a los beneficios del SIS frente a situaciones de emergencia o ataques.
La iniciativa responde a los pedidos del gremio, que solicitó leyes de apoyo, mesas técnicas y la revisión de sanciones aplicadas al sector.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la creación de mesas temáticas para abordar los 18 puntos planteados por los transportistas y avanzar en soluciones sectoriales.
El calendario gremial contempla potenciales nuevas protestas si no se perciben progresos en la lucha contra la violencia y el seguimiento a los reclamos de los conductores.
