Un operativo de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios generó conmoción en Arequipa este martes 4 de noviembre, tras descubrir a un grupo de militares realizando labores ajenas a sus funciones dentro del circo “La Tarumba”, ubicado en la avenida La Marina, en pleno Cercado de la ciudad. Durante la intervención se detuvo al coronel Marco Antonio Quispe Astete, al técnico segundo Justo Palomino Quispe y a 28 soldados del Cuartel Mariano Bustamante, quienes fueron sorprendidos desmontando la carpa del espectáculo en horario de servicio.
El caso ha despertado gran atención pública en Arequipa por tratarse de un presunto uso indebido de recursos del Estado, ya que los efectivos militares habrían sido movilizados en vehículos oficiales y vistiendo indumentaria del circo, según informaron las autoridades. Los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) señalaron que la denuncia fue presentada de forma verbal y permitió la rápida intervención policial. La Fiscalía Anticorrupción inició de inmediato las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados y las condiciones en las que se dio la orden.
Ejército del Perú abre investigación interna por el uso de personal militar en desmontaje de circo
Horas después del operativo, el Ejército del Perú emitió un comunicado oficial anunciando la apertura de una investigación disciplinaria contra los responsables de la movilización irregular del personal. Según el documento difundido por la Tercera División del Ejército, se confirmó que los efectivos involucrados pertenecen al Servicio Militar Voluntario de la Tercera Brigada de Servicios, con sede en el Fuerte Mariano Bustamante de Arequipa.
La institución señaló que la Inspectoría General ya activó un proceso para esclarecer los hechos conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 29131, que regula el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales y a brindar todas las facilidades para las investigaciones de la Dircocor y el Ministerio Público.
De acuerdo con las primeras indagaciones, el coronel Quispe Astete habría dado la orden de movilizar al personal, mientras que el técnico Palomino Quispe habría coordinado el traslado de los soldados al lugar. Las diligencias buscan determinar si existió beneficio económico o acuerdo irregular entre los mandos militares y representantes del circo.
La Tarumba está colaborando con las autoridades en el proceso de esclarecimiento, mientras los 30 militares detenidos permanecen bajo custodia policial a la espera de las conclusiones de la investigación fiscal.
Junio: otro escándalo militar en Madre de Dios durante operativo contra la minería ilegal
En junio pasado, Madre de Dios fue escenario de un caso que también involucró a miembros del Ejército del Perú en presuntos actos de corrupción durante un operativo contra la minería ilegal. Dos soldados fueron grabados mientras sostenían fajos de billetes, que, según las primeras investigaciones, habrían recibido como parte de un cobro de cupos a mineros ilegales en la zona conocida como La Pampa, uno de los puntos más críticos por la explotación aurífera informal en la Amazonía.
El video, difundido masivamente en TikTok, muestra a un militar rodeado por pobladores mientras intenta ocultar el dinero y escapar, llegando incluso a arrojar los billetes al suelo. Durante la intervención también se hallaron más fajos de efectivo escondidos en bolsas plásticas, presuntamente pertenecientes a otros dos efectivos. Ante la presencia de la fiscal, los vecinos denunciaron que este tipo de extorsión a los operadores mineros sería una práctica recurrente en la zona. En medio de la tensión, Coaquira advirtió públicamente: “Ninguna autoridad puede pedir un sol (...) Estos malos elementos no volverán a ejercer como funcionarios públicos”.
La Fiscalía Anticorrupción de Madre de Dios formalizó la investigación contra los soldados y notificó a la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército, que reconoció la intervención de sus miembros y anunció una indagación interna. A su vez, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) aclaró que no tenía relación con los hechos y que continuaría sus acciones para combatir la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata.
