De la mano del Congreso, el gobierno de José Jerí promulgó una ley especial para enfrentar la extorsión que afecta específicamente a las empresas de transporte urbano, una de las más afectadas por este delito y que ha convocado a un nuevo paro de transportistas para hoy.
El nuevo marco legal presenta considera distintos elementos para enfrentar la extorsión, algunos de los cuales involucran directamente a los trabajadores del sector. Según la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano, se ofrecerá capacitación a conductores y trabajadores para detectar y denunciar estos delitos.
Capacitaciones para transportistas
Como medida central, la ley establece la capacitación obligatoria para gerentes, propietarios, conductores y cobradores de empresas de transporte. El objetivo es dotar a estos trabajadores de herramientas para identificar y reportar actos extorsivos, fomentando una cultura de denuncia segura.
La norma indica que se implementarán indicadores para medir tanto el número de capacitaciones realizadas como las denuncias registradas, lo que permitirá evaluar qué tan eficaz es la estrategia.
Vigilancia de pagos extorsivos a través de billeteras digitales
La ley también establece mecanismos para la prevención financiera y el control de los flujos económicos relacionados con la extorsión. A partir de la promulgación de la norma, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) debe verificar que las empresas bajo su supervisión monitoreen pagos en efectivo realizados bajo conceptos como “cupos”, “vacuna”, “colaboración”, “aporte”, “paradero” o “seguridad”. Aunque estos términos son los más comunes para encubrir transacciones extorsivas, también se indica que cualquier eufemismo relacionado puede ser supervisado.
El control se extiende a cuentas bancarias, transferencias interbancarias, remesas, giros nacionales e internacionales y, especialmente, a los movimientos en billeteras digitales y otros medios electrónicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) emite alertas sobre operaciones inusuales o sospechosas, mientras que la Policía Nacional ofrece acceso en línea a su base de datos sobre personas denunciadas por extorsión y sicariato, facilitando así la detección y el rastreo de movimientos financieros ilícitos.
La vigilancia sobre los pagos realizados mediante billeteras digitales se refuerza con la disposición para la extinción de dominio de bienes, fondos e instrumentos financieros usados en actos de extorsión o sicariato. Esta medida autoriza al Estado a incautar y gestionar los recursos ilícitos detectados, incluso cuando estén mezclados con bienes de origen lícito. La recuperación de activos se concentra en proteger a las víctimas, reparar a las empresas afectadas y fortalecer el sistema nacional de prevención y lucha contra estos delitos.
Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES)
La ley crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), una fuerza especial de alcance nacional integrada por personal de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, seleccionados por su experiencia comprobada en la lucha contra estos delitos. Los miembros del GIES serán sometidos a pruebas periódicas de polígrafo y contarán con un régimen especial de remuneración, seguridad y evaluación semestral. La coordinación estará a cargo del Ministerio del Interior.
Entre las funciones del GIES figuran las investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, la coordinación con el Poder Judicial para desarticular organizaciones criminales y la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para rastrear flujos de dinero ilícito.
El grupo implementará programas de cooperación y capacitación, tanto a nivel nacional como internacional, en conjunto con agencias especializadas en la lucha contra el crimen organizado y el uso del sistema C5i. El GIES cuenta con facultades de intervención inmediata y está sujeto a control y evaluación por el Sistema Nacional de Control y el Congreso de la República.
Medidas complementarias y contexto general
El marco legal reconoce al transporte público y de mercancías como un servicio estratégico, por lo que establece acciones de prevención, respuesta y recuperación ante delitos de extorsión y sicariato.
La norma también crea oficialmente un fondo de riesgo y garantía estatal para proteger las unidades de transporte afectadas por amenazas o atentados; además, se implementan programas de atención psicológica y reinserción laboral para los afectados, y se financia la reparación de infraestructura y equipamiento a través del programa Ruta Segura Restablecida. Todo será financiado polos activos que sean incautados del crimen organizado y de la extorsión.
El Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica será responsable de recopilar y analizar información sobre criminalidad en el sector transporte, publicando informes semestrales que servirán de base para el diseño y evaluación de políticas públicas destinadas a combatir estos delitos.
