Una división marcada entre los gremios de transporte urbano en Lima y Callao emergió en torno al paro anunciado para mañana, martes 4 de noviembre, con grupos que planifican detener completamente sus actividades y otros que rechazan sumarse, mientras la violencia y la extorsión sacuden al sector.
La protesta principal, impulsada por asociaciones que buscan visibilizar el asesinato y la inseguridad que enfrentan los conductores, será contrapuesta por la negativa de un grupo de empresas formales a interrumpir el servicio.
De acuerdo con las declaraciones de Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, el paro consiste en el llamado “apagado de motores”, respaldado por una “marcha moderada” como muestra de duelo por los recientes asesinatos de choferes en Lima y Callao.
Ojeda afirmó a RPP Noticias que la decisión surge de “una situación de desesperación” frente a la persistente extorsión y los homicidios registrados incluso durante el estado de emergencia. “¿Qué acto es más simbólico si nosotros estamos muriendo?”, manifestó el dirigente al explicar la postura del gremio.
Entre las agrupaciones que han confirmado su adhesión destaca la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú). Su presidente, Julio Raurau, sostuvo que casi el 100% de las empresas urbanas sufre extorsión y amenazas directas contra sus conductores.
“El que no paga, te amenazan con llamadas telefónicas o dejan un pasquín en los vehículos; si no cumples, ejecutan el crimen”, denunció Raurau.
La Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) publicó un comunicado en el que ratificó su participación por 24 horas, señalando que “en solo 48 horas, dos conductores han sido víctimas mortales, lo que refleja la grave inseguridad”.
La organización añadió: “Ante los acuerdos asumidos en las reuniones sostenidas [...] se estableció que, ante el asesinato de un compañero conductor, se apagarían los motores en señal de protesta y duelo”.
Empresas específicas como Nueva América y Transporte Unido del Cono Este SJL (“La 50”) han comunicado oficialmente a sus usuarios que paralizarán sus operaciones el martes, en solidaridad con los afectados y para exigir justicia. Ambas solicitaron publicamente “una pensión mensual y beneficios para las madres e hijos de todos los conductores abatidos”.
Inseguridad y antecedentes
El estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí el pasado 22 de octubre no ha contenido los crímenes contra transportistas, según reportes periodísticos.
El 24 de octubre, Walter Leoncio Sandoval Castro fue ejecutado en el Callao. Tres días después, José Johnny Esqueche Ningles, conductor de la empresa Liventur, fue asesinado bajo las mismas circunstancias y en la misma avenida. La noche del sábado anterior al paro, un bus de la línea 52 también fue blanco de disparos en el distrito de Chorrillos.
Ojeda remarcó que el paro busca, además, respuestas a acuerdos firmados el 9 de octubre, cuya ejecución permanece pendiente. Entre las demandas, se exige la implementación de “programas de apoyo y becas educativas para los hijos de los conductores fallecidos y heridos”, quienes, según el vocero, han quedado “abandonados”.
El propio dirigente enfatizó que la protesta debe ser pacífica y sin bloqueos: “No debe ser más que un acto de pasión para seguir adelante y no un acto de tirar piedras o hacer vandalismo”.
No acatarán
Frente a la convocatoria, la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao manifestó su rechazo al paro. Según declaraciones de Ricardo Pareja Fonseca, presidente de esa entidad, “el 95% de las empresas formales” ha decidido no paralizar su servicio.
“Nosotros descartamos, por parte de la unidad de los ocho gremios, que representan el 95% de las empresas de transporte formal, la paralización para el día 4 como se ha anunciado. Creo que es incoherente”, sostuvo Pareja tras una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barreda.
En el encuentro participaron, junto a la Cámara, gremios como la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Anitra, Corporación de Transporte Urbano, Asistraca, Conecsa, Ametur y Ugtranm. La postura unánime fue la de conceder un margen de confianza al Ejecutivo y continuar el diálogo, buscando soluciones al problema de inseguridad sin interrumpir el servicio.
Pareja subrayó que la unidad gremial resulta imprescindible para enfrentar problemas estructurales, como la proliferación de la informalidad y la criminalidad asociadas al sector.
Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte, reafirmó que le están dando tiempo al gobierno interino de José Jerí para que pueda atender el problema de la criminalidad en el país. Además, pidió a las autoridades policiales que les brinden garantías para que puedan salir a trabajar sin que se les pinche las llantas o se les rompan las lunas.
Estas agrupaciones comunicaron que se encuentran trabajando junto a los ministerios competentes en el diseño de políticas preventivas y proyectos de modernización de flota.
Divergencias internas
Si bien el llamado a la protesta ha generado fricción dentro del sector, colectivos como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) permanecen evaluando su participación.
La fragmentación quedó evidenciada cuando aproximadamente 280 empresas asociadas a ocho principales gremios decidieron posponer cualquier acción paralizadora.
A Exitosa Noticias, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, Javier Marchese, indicó que su gremio no participará del paro convocado para el martes 4 de noviembre, debido a que es promovido por alguien ajeno al rubro. “No hemos sido convocados”, manifestó.
El debate expone el conflicto entre la urgencia de respuestas inmediatas a la violencia y la apuesta de los gremios mayoritarios por la continuación de las negociaciones.
Desde el Estado, citaron a Prieto Barreda asegurando que el Ejecutivo mantiene una mesa de diálogo activa y que existen propuestas para abordar el flagelo de la extorsión, así como para impulsar reformas que mejoren la movilidad urbana.
Al cierre, representantes sindicales como Miguel Palomino, presidente de la ANCPP, han advertido que la inseguridad no ha disminuido a pesar del estado de emergencia y continúan evaluando medidas más radicales si no se presentan resultados concretos.
