La Policía Nacional detuvo a tres individuos, incluidos dos menores de edad, quienes estarían involucrados en el reciente atentado contra un agente bancario en el barrio San José, en Tumbes. La operación, realizada de manera discreta, permitió además la incautación de munición, explosivos artesanales, sustancias ilícitas y una motocicleta que habría sido utilizada durante el ataque.
Uno de los agentes encargados del operativo explicó que la motocicleta fue hallada en el inmueble allanado y que existía una denuncia por hurto desde el año pasado. Además, detalló: “Se encontró siete dinamitas con sus siete detonadores. Todo está lacrado en este momento porque está en proceso de investigación”.
La clave para confirmar la participación de los detenidos en el atentado fue la identificación de las prendas —registradas por cámaras de seguridad— que usaban en el momento del ataque. Según información policial, estos sujetos pertenecerían a la organización criminal ‘Los Fatales de Puyanco’ y mantendrían vínculos con ‘Los Choneros’ de Ecuador.
Un portavoz policial enfatizó: “Es muy probable que tengan incorporaciones con los Choneros de Ecuador. Están registrándose comunicaciones con delincuentes ecuatorianos del lugar”.
Las autoridades no descartan que los arrestados, en colaboración con otros integrantes de la banda, sean responsables de extorsiones a comercios y empresarios de la zona. La incautación de armas, explosivos y una motocicleta robada refuerza la hipótesis de que grupos criminales organizados buscan extender su accionar en la región fronteriza.
Segundo atentado contra un agente bancario
El propietario de un agente bancario en Tumbes fue víctima de un atentado con explosivos por segunda vez en menos de un mes, tras haberse negado a pagar un cupo extorsivo de 20.000 soles exigido por una organización delictiva. Durante varias semanas, el empresario recibió amenazas reiteradas, dirigidas también a su familia.
Cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido a las 2:04 de la madrugada, cuando un sujeto encapuchado llegó en motocicleta, dejó un papel con amenazas y colocó un explosivo en la puerta principal. El artefacto estalló segundos después, causando graves daños a la fachada de la vivienda. El mensaje, dirigido a la familia, advertía represalias si no realizaban el pago y amenazaba con una escalada de violencia.
Según el propio afectado, dos bandas estarían involucradas en la extorsión: una identificada como 'Los Choneros’ y otra conocida como 'Los Lobos’. El primer intento de atentado ocurrió el 12 de octubre, pero entonces el explosivo no llegó a detonar.
Ola de extorsiones en Perú alcanza cifras récord
El delito de extorsión atraviesa su punto más crítico en el país, con más de 20.000 denuncias registradas en lo que va del año, según datos de la Policía Nacional. Esta cifra representa un incremento del 40% respecto al 2024, convirtiéndose en el mayor número de casos reportados hasta la fecha. Cada 19 minutos una persona es víctima de amenazas, cobros ilegales o ataques con explosivos, lo que refleja la expansión de las mafias en todos los sectores sociales y económicos.
Los transportistas figuran entre los más afectados. En solo unas semanas, se han reportado ataques a balazos contra choferes y cobradores en distritos como Carabayllo y San Martín de Porres, donde las bandas criminales exigen “cupos” para permitirles trabajar. Al menos 60 conductores han sido asesinados durante el 2025, según gremios del transporte. Pese a los bloqueos de líneas telefónicas y las operaciones policiales, muchas llamadas extorsivas siguen originándose desde los penales del país, lo que evidencia fallas en el control del sistema carcelario.
El impacto también ha llegado al sector artístico y comercial, mientras pequeños empresarios viven bajo intimidación constante. En los mercados y negocios locales, las extorsiones se han normalizado como un “costo” de operar, y muchas víctimas optan por callar o cerrar sus locales por miedo a represalias. Autoridades policiales reconocen que el 80% de las llamadas de extorsión provienen de cárceles, lo que ha impulsado al Gobierno a bloquear más de 1,5 millones de líneas vinculadas al crimen organizado.
