Las enfermedades metaxénicas y zoonóticas —como el dengue, la malaria, la leishmaniasis, entre otras— son hoy una de las principales amenazas a la salud pública en el Perú. Pese a que existen planes nacionales de erradicación y compromisos internacionales, los resultados no muestran mejoras sostenidas: en 2023 vivimos picos históricos de dengue y casos crecientes de malaria, que siguen avanzando con cifras alarmantes.
Un primer espacio para entender esta contradicción es el presupuesto público. El Ministerio de Salud considera que una ejecución de 66% a mitad de año representa un buen desempeño. Sin embargo, al tercer trimestre, los datos revelan un patrón preocupante: se priorizan los recursos para diagnóstico y vacunación animal (con ejecuciones de hasta 89%), mientras que actividades claves como la vigilancia epidemiológica —monitoreo, evaluación, supervisión y control— apenas superan el 60%. Aún más grave es que los proyectos destinados a informar y proteger a poblaciones en zonas de alto riesgo no llegan ni al 40% de ejecución.
Esta disparidad es más que un detalle técnico: es un error estratégico. La evidencia muestra que la vigilancia epidemiológica es crucial para diseñar estrategias efectivas y anticipar brotes. Sin prevención ni control comunitario, la enfermedad se introduce fácilmente en zonas donde ya había sido contenida. Así, los objetivos del Plan Nacional contra la Malaria —erradicar 90% de casos al 2030— o del plan de lucha contra el dengue —reforzar la prevención— se ven debilitados antes de arrancar.
En el nivel regional el panorama parece mejor, con ejecuciones que superan el 70% en la mayoría de proyectos. Sin embargo, los resultados en salud no reflejan estos esfuerzos. Departamentos como Loreto, San Martín y Amazonas siguen liderando en número de casos, pese a contar con mayores presupuestos y tasas de ejecución. Esto obliga a preguntarse si el problema es de insuficiencia de recursos o de estrategias poco costo-efectivas.
La lección es clara: no basta con ejecutar el presupuesto, ni siquiera con hacerlo casi en su totalidad. La forma en que se gasta importa más que el simple porcentaje de ejecución. Destinar la mayor parte de los recursos a diagnóstico o acciones reactivas sin fortalecer la prevención y la vigilancia epidemiológica es apostar por un modelo que no reduce la incidencia ni los costos a largo plazo.
El país necesita un cambio de enfoque. Más recursos deben orientarse a prevención comunitaria y sistemas de vigilancia con capacidad de respuesta temprana. Si algo nos enseñó la pandemia es que la prevención es siempre más barata y más efectiva que la reacción tardía. Cada sol invertido en anticiparnos a la enfermedad vale mucho más que diez gastados en atender la emergencia. Persistir en la lógica actual es condenarnos a repetir brotes, gastos crecientes y, lo más grave, pérdidas evitables de vidas humanas.
