La aplicación de nuevas restricciones penitenciarias con el nuevo gobierno interino de José Jerí desencadenó amenazas de muerte dirigidas a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y a sus familiares, según reportó 24 Horas.
El endurecimiento de las medidas incluyó la limitación de visitas y la reducción del tiempo de patio, factores que habrían generado malestar entre los internos de diversos establecimientos penitenciarios a nivel nacional
24 Horas difundió un audio atribuido a una persona con presuntos lazos con reclusos, donde se mencionan acciones para evadir las normas impuestas en los penales. En el registro se describe cómo los internos guardarían celulares y buscarían alternativas para cargarlos pese a los cortes eléctricos implementados como parte de las requisas.
“Dicen ellos el estado de emergencia, pero les están cortando todos los interruptores para que no se pueda cargar... Creo que van a empezar a cargar a la antigua, metiendo pilas”, se escucha en el audio difundido por el medio.
La preocupación por el control interno aumentó tras recibir información de amenazas provenientes de diferentes penales del norte del país. “Tengo información de Chiclayo, del penal de Trujillo y del de Piura, que hay amenazas contra los servidores del INPE”, señaló un funcionario ante las cámaras de 24 Horas.
Dichas amenazas, según los testimonios recogidos, incluyen la posibilidad de “tomar rehenes, atentar contra los servidores y hasta atacar a sus familiares”.
Demandas de protección
El personal penitenciario insistió en la necesidad de recibir mayores garantías y recursos para enfrentar el incremento de riesgos que suponen las nuevas restricciones. En declaraciones al citado medio, un encargado pidió al presidente de la República que atienda sus demandas.
“Estamos totalmente de acuerdo con la posición que ha asumido, porque esto se necesitaba desde mucho antes. Pero que nos den las garantías del caso, que nos equipen, que nos atienda nuestras condiciones laborales, que nos implementen equipos de tecnología, radios de comunicación, armamento, equipos disuasivos y que se convoque urgente a personal para el CENECP”, solicitó.
Javier Llaque, exjefe del INPE, catalogó la aplicación de restricciones a las visitas como positivas, dado el alto número de personas privadas de libertad bajo custodia: “¿Era necesario restringir las visitas y adoptar medidas? Sí. Nosotros hicimos una propuesta, pero la decisión política del ministerio en su momento no la admitieron”.
En el penal de Lurigancho, por ejemplo, un solo agente puede estar a cargo de más de quinientos internos, una proporción que contrasta con las recomendaciones internacionales que sugieren manejar entre treinta y cuarenta reos por servidor.
“¿Vamos a poder nosotros cumplir con todas esas medidas? Quizás sí, pero como la población es mayoritaria, de una u otra forma no podemos”, relató un empleado penitenciario al noticiero.
Hacinamiento y déficit
El hacinamiento se mantiene como uno de los principales problemas del sistema penitenciario en Perú. El exceso de internos en los penales supera el cien por ciento a nivel nacional. En Lurigancho, hay más de diez mil internos bajo la supervisión de aproximadamente ochenta agentes.
Anualmente la población penitenciaria crece en cerca de cinco mil internos, mientras la reincorporación de agentes es insuficiente para compensar el aumento.
El centro de formación de servidores penitenciarios permaneció cerrado durante varios años por la pandemia, lo que limitó la incorporación de nuevo personal. En 2025, la escuela que capacita guardias penitenciarios volvió a cerrar por falta de recursos, según expuso el exjefe del INPE.
“Cuando ingresen el otro año, si dan recursos, se van a preparar el 2026. ¿Para cuándo? Para el 2027”, agregó.
Déficit de tecnología
Otro factor crítico identificado es la falta de equipamiento tecnológico. El jefe del INPE, Iván Paredes, reconoció que solo treinta de los sesenta y seis penales del país cuentan con bloqueadores de señal.
Incluso establecimientos de máxima seguridad como Challapalca carecen de ese sistema. Adicionalmente, apenas seis bodycams están disponibles en todo el sistema penitenciario, lo que dificulta la detección de ingresos de drogas o elementos prohibidos durante las visitas.
La propuesta inicial para instalar bloqueadores de señal consideraba treinta y tres penales identificados como los más sensibles, dejando fuera algunos recintos destacados. “Creemos que fue un error no considerarlo”, declaró el exjefe del INPE sobre la exclusión de Challapalca.
