El sector transporte en Lima Metropolitana se prepara para un nuevo paro convocado este martes 4 de noviembre, una medida que busca hacer frente a la escalada de criminalidad, extorsión y asesinatos contra choferes y operadores.
Según lo anunciado por Martín Ojeda, vocero del gremio de transporte urbano de los conos de la ciudad, la paralización comenzará desde las primeras horas del martes y se prolongará durante 24 horas.
Aunque no se precisó un horario oficial de inicio, se prevé que las acciones arranquen desde las 5 de la mañana, como sucedió el pasado 6 de octubre y en jornadas anteriores.
La convocatoria responde al incremento de la violencia y extorsión que afecta no solo a quienes trabajan en el transporte, sino que se extiende a mercados, tiendas y colegios, según declaraciones de Miguel Palomino, otro de los principales dirigentes.
El propio líder gremial dijo en Buenos Días Perú que, tras la asunción del presidente José Jerí, la situación no ha cambiado y que “es la continuación de lo que dejó Dina (Boluarte)”. “Las extorsiones continúan y no se han respetado los acuerdos previos”, señaló Palomino, quien describió una crisis de seguridad “en aumento”.
Las mesas de diálogo y los compromisos asumidos por el Ejecutivo han resultado insuficientes para frenar la ola de crímenes. El gremio trasladó una lista de siete puntos a Palacio de Gobierno, pero, de acuerdo con los dirigentes, no se ha cumplido ninguno.
“Pedimos comprensión total a la población, porque realmente no podemos seguir permitiendo que más conductores sigan siendo víctimas de asesinato. No solamente los conductores, sino la población en general”, manifestó.
Exigencias a las autoridades
Entre los reclamos principales figura la solicitud de una reunión de emergencia de alto nivel con todos los poderes del Estado y, de manera urgente, la anulación de un paquete de leyes consideradas por el gremio como promotoras de la impunidad.
“Exigimos la inmediata nulidad de todas las leyes y disposiciones que favorecen directa o indirectamente a la criminalidad y a quienes hoy detentan el poder”, enfatizó Palomino.
El dirigente detalló que, entre estas normativas, destacan la ley 31990, que según el gremio “limita la colaboración eficaz y favorece la impunidad”; la ley 32130, que transfiere funciones del Ministerio Público a la Policía Nacional; y la ley 32108, que redefine el concepto de organización criminal y dificulta los allanamientos.
Estas leyes, advirtió el dirigente, “han debilitado la capacidad del sistema de justicia para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Nuestro planteamiento ha sido reiterado desde hace meses sin respuesta concreta ni acción efectiva por parte de las autoridades”.
Conductores y usuarios
El impacto de la violencia se refleja en cifras y testimonios. “Ahorita ya están asesinando una persona cada cuatro horas. Hay que tener mucho cuidado”, subrayó Palomino, quien también apuntó que los emprendimientos familiares, mercados, colegios y empresas de transporte se ven forzados a operar con temor.
El dirigente sostuvo que medidas como la instalación de policías, botones de pánico o lunas antibalas no resuelven el fondo del problema. “Por más que pongamos seguridad en los patios de maniobra de los transportes, no va a solucionar la criminalidad.
El reclamo de seguridad es compartido por los propios usuarios. Se recogió testimonios de pasajeros en avenidas clave, quienes afirmaron su comprensión ante la protesta, aunque señalaron los perjuicios derivados de la medida. E
n jornadas recientes, algunos usuarios debieron abandonar los vehículos durante operativos de protesta, incluso en rutas principales como Nestor Gambetta, y se reportaron casos de vehículos vandalizados.
Advertencia de nuevas acciones
El propio gremio adelantó que, de persistir la inseguridad, no se descarta la ampliación del paro a nivel nacional, con la participación de otras bases sociales y colectivos.
“Estamos evaluando un paro nacional para la segunda quincena de noviembre”, aseguró el dirigente en declaraciones reproducidas por Buenos Días Perú.
Además, advirtió que el éxodo de conductores hacia otros rubros pone en riesgo la subsistencia de las empresas de transporte y afecta la movilidad urbana.
Por el momento, las demandas del sector se centran en el cese inmediato de la violencia, la derogación de normas consideradas lesivas y la convocatoria a un diálogo de alto nivel con compromisos verificables.
Las 24 horas de paralización previstas para el martes 4 de noviembre se desarrollarán bajo vigilancia ciudadana, con atención puesta en la respuesta de las autoridades y el impacto sobre millones de usuarios.
