Desde las selvas más profundas de la Amazonía peruana hasta las islas remotas de Indonesia, los pueblos indígenas no contactados enfrentan una amenaza sin precedentes. Carreteras, mineros ilegales, madereros y narcotraficantes están invadiendo sus territorios, provocando un silencioso colapso cultural y humano que, según advierte la organización Survival International, podría acabar con la mitad de estas comunidades en menos de una década.
El informe, presentado este domingo por la ONG con sede en Londres, identifica al menos 196 pueblos en aislamiento voluntario distribuidos en 10 países, la mayoría en América del Sur. Casi el 65% está amenazado por la tala ilegal, el 40% por la minería y un 20% por el avance de la agroindustria. “Son genocidios silenciosos. No hay cámaras, no hay periodistas, pero están ocurriendo ahora”, alertó Fiona Watson, directora de investigación y defensa de Survival, con más de 30 años de trabajo en la Amazonía.
Los pueblos que eligen el aislamiento
Lejos del mito del “tribu perdida”, estos grupos no están desconectados del tiempo, sino que han elegido el aislamiento tras siglos de violencia, esclavitud y epidemias que diezmaron a sus antepasados. “No necesitan nada de nosotros. Son felices en el bosque y poseen un conocimiento increíble que ayuda a mantener en pie ecosistemas esenciales para el planeta”, explicó Watson.
Según Survival, más del 95% de los pueblos no contactados viven en la Amazonía, con pequeñas poblaciones en el sudeste asiático y el Pacífico. Se alimentan mediante la caza, la pesca y la recolección, preservando lenguas y tradiciones que existían mucho antes de los Estados modernos. Su contacto con el exterior es casi nulo, y cualquier interacción puede ser fatal.
“La transmisión de una simple gripe puede ser mortal”, advirtió Subhra Bhattacharjee, directora general del Forest Stewardship Council (FSC) y experta en derechos indígenas con sede en Alemania. La especialista recordó que los estándares internacionales exigen el consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus siglas en inglés) para cualquier actividad en territorios indígenas. “Pero si no puedes acercarte sin ponerlos en peligro, no hay consentimiento. Por eso defendemos una política de ‘no contacto, zonas prohibidas’”, subrayó.
En el Perú, este riesgo es tangible. En 2024, la agencia Reuters difundió imágenes de miembros del pueblo Mashco Piro —uno de los más reclusivos del planeta— que emergieron en busca de alimentos a orillas del río Las Piedras, en Madre de Dios. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) denunció entonces que las zonas donde se registraron los avistamientos habían sido concesionadas a empresas madereras. “Es una prueba irrefutable de que el gobierno no ha protegido su territorio, sino que lo ha vendido”, señaló Alfredo Vargas Pio, presidente de la organización.
Amenazas en expansión: minería, carreteras y misiones
Los peligros que enfrentan estos pueblos no son nuevos, pero sí más intensos. En Brasil, durante la dictadura militar (1964-1985), carreteras fueron abiertas sin control, atrayendo colonos, madereros y rancheros que llevaron enfermedades y violencia. Hoy, una nueva línea férrea en planificación podría afectar a tres comunidades no contactadas, mientras la minería ilegal y el narcotráfico penetran los territorios indígenas en Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador.
“La posibilidad de un encuentro fortuito con traficantes o mineros significa riesgo de contagio y exterminio”, señaló Watson. “Y los arcos y flechas no pueden competir contra armas de fuego”.
En el caso peruano, los conflictos no son aislados. La agencia AP informó sobre madereros muertos por flechas tras ingresar sin permiso al territorio Mashco Piro. Las tensiones también se extienden a zonas donde los misioneros evangélicos buscan forzar el contacto. Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, un pastor evangélico llegó a dirigir la unidad encargada de los pueblos aislados en Brasil, obteniendo sus coordenadas para “salvar almas”.
En Sudamérica, la minería ilegal de oro en la región Yanomami de Brasil y Venezuela sigue utilizando mercurio, contaminando ríos y peces. En tanto, en Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por no proteger a los Tagaeri y Taromenane en el Parque Nacional Yasuní.
El informe de Survival exige una política global de no contacto, la suspensión de proyectos extractivos cercanos a territorios indígenas y el reconocimiento legal de sus tierras. También insta a las empresas a rastrear sus cadenas de suministro para evitar la compra de oro, soja o madera provenientes de zonas indígenas.
En el Perú, los esfuerzos legislativos siguen siendo débiles. El Congreso rechazó en 2025 la creación de la Reserva Indígena Yavari-Mirim, lo que, según federaciones amazónicas, deja expuestos a varios pueblos en aislamiento. Un informe de la ONU ya había advertido en 2023 que el Estado reconoció en 2016 la presencia de tribus como los Mashco Piro en áreas abiertas a la tala, pero nunca delimitó su territorio, pese a la evidencia existente desde 1999.
“Los logros de las últimas décadas están en riesgo”, advirtió Watson. “Sin protección real, la mitad de estos pueblos podría desaparecer antes de 2035”.
