El ministro de la Producción, César Quispe, descartó la aplicación de un toque de queda en el país y defendió la eficacia de la declaratoria de emergencia como estrategia clave para enfrentar la escalada de violencia y criminalidad en diversas regiones. Desde Piura, el titular del sector subrayó la decisión del Gobierno de priorizar la articulación multisectorial.
“La delincuencia no nos va a derrotar, así como derrotamos al terrorismo, derrotaremos la delincuencia. Enfrentaremos este desafío y lo vamos a superar”, sostuvo en diálogo con Canal N. Explicó que las acciones coordinadas para combatir el sicariato y la extorsión involucran a los tres niveles de gobierno, el Poder Judicial, la ciudadanía y actores del sector privado y la prensa, bajo liderazgo directo de la Presidencia de la República.
El ministro de la Producción precisó que el estado de emergencia permanece vigente en zonas críticas, aunque reconoció que la criminalidad y las muertes violentas no han disminuido desde su aplicación, según reportes del sector y entidades independientes. No obstante, el ministro sostuvo que el Gobierno evalúa ajustes constantes a través de los consejos de ministros y en diálogo permanente con los sectores involucrados.
“El diálogo es constante. Nosotros somos un gobierno de puertas abiertas en el cual llamamos al diálogo y conversar, porque podemos, podemos conversar las medidas que estamos aplicando están en constante revisión. Nosotros tenemos un Consejo de Ministros permanente en el cual constantemente venimos aplicando y vamos a seguir ajustando, porque la delincuencia no nos va a derrotar. […] Vamos recogiendo los aportes, la aplicación, evaluando las medidas aplicadas y estamos abiertos para poder hacer cualquier ajuste y cambio”, expresó.
El escenario de inseguridad se agravó tras el asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles en Ventanilla, lo que llevó a los gremios de transportistas a anunciar una paralización para el martes 4 de noviembre. Los sindicatos, encabezados por la Cámara Internacional de la Industria del Transporte y la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú, cuestionan la eficacia del estado de emergencia decretado el 22 de octubre y sostienen que la criminalidad se mantiene alta, especialmente en Lima y Callao.
El ministro respondió a estas críticas reafirmando que “el diálogo con los gremios es permanente, y las medidas se revisan para asegurar su efectividad”. Añadió que el Ejecutivo reconoce el derecho a la protesta, siempre y cuando no se vulneren derechos de terceros ni se afecte la propiedad privada. Aclaró, asimismo, que el toque de queda fue descartado: “Las alternativas que evaluamos buscan ajustarse a las necesidades y proteger la actividad productiva”.
En el ámbito económico, el funcionario anunció inversión en infraestructura pesquera por más de 33 millones de soles en la región Piura, con la habilitación de créditos y mejoras para más de 20.000 pescadores. Detalló que “la reactivación productiva no puede verse frenada por restricciones extremas”, y por ello el gobierno continúa adoptando medidas flexibles y sujetos a revisión periódica.
Mientras tanto, diversos gremios del transporte exigen la derogación de leyes consideradas permisivas con la criminalidad y reiteran la necesidad de una agenda de seguridad específica. “Esto lo enfrentamos todos”, remarcó el ministro, quien instó a la sociedad a colaborar en la lucha contra la inseguridad.
El Gobierno ratificó su voluntad de ajuste y diálogo, aunque permanece bajo presión social por resultados concretos en materia de seguridad y protección al sector transporte.
