Este miércoles, la atención política y judicial se concentra en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que celebrará una audiencia decisiva para el futuro procesal de Martín Vizcarra. El exmandatario enfrenta un juicio oral por el presunto cobro de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, el cual podría quedar sin efecto si el magistrado César San Martín declara fundado el recurso de casación presentado. La sesión fue convocada para las 8:30 horas.
Los argumentos centrales de la defensa giran en torno a supuestas vulneraciones al debido proceso. Kathya Neyra Cano, abogada de Vizcarra, sostiene que existió un error procesal grave en la etapa de control de acusación. Según explicó, la jueza competente fragmentó la acusación fiscal y autorizó que solo la imputación por cohecho pasivo propio avance a juicio, a pesar de que aún no existía un pronunciamiento definitivo respecto a las demás acusaciones de colusión agravada, usurpación de funciones y asociación ilícita.
Esta medida, plantea la letrada, genera el riesgo de que Vizcarra sea juzgado en más de una ocasión por los mismos hechos, infringiendo el principio de non bis in idem. “Solicitamos que se retrotraiga el proceso hasta el momento que se produjo el agravio”, expresó durante la audiencia del 19 de octubre.
Por otro lado, la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, así como la Fiscalía —representada por el fiscal Germán Juárez—, pidieron a los jueces que el recurso de casación sea declarado infundado. Sostienen que los planteamientos legales presentados por la defensa no tienen sustento jurídico configurado y que la estrategia apunta a demorar el avance del proceso.
Las acusaciones oficiales aseguran que Vizcarra habría entregado información privilegiada a la empresa de construcción Obrainsa a finales de 2013 durante la gestión regional en Moquegua, lo cual presuntamente permitió que dicha compañía se adjudicara el proyecto Lomas de Ilo, tras negociar un pago ilícito de un millón de soles (equivalentes a cerca de 265.000 dólares).
Las pesquisas señalan que este dinero habría sido entregado entre enero y abril de 2014, y forman parte de las evidencias principales del proceso judicial. Además, el exgobernador también es acusado de condicionar la firma del contrato para la ampliación del Hospital de Moquegua —adjudicado a la empresa ICCGSA— a la entrega de 1,3 millones de soles, con pagos efectuados en varias etapas entre 2014 y 2016, según detalló el fiscal Juárez durante el avance del proceso.
En caso de que se declare fundado el recurso de casación, el juicio oral contra Vizcarra quedaría sin efecto, y el proceso judicial retrocedería a la fase de control de acusación. Esto implicaría la revisión completa de la estrategia fiscal, la revaloración de los delitos por los que se acusa al exgobernador, y el posible relanzamiento del procedimiento desde una etapa anterior, respetando los argumentos expuestos por la defensa.
Si, por el contrario, la Corte Suprema resuelve desestimar el recurso, el proceso penal continuará su curso actual. Vizcarra seguiría enfrentando el juicio oral centrado en el presunto cohecho, mientras la fiscalía mantiene el pedido de 15 años de prisión.
