La trayectoria de Brucelee Bermudo Guerra parecía vincularlo al desarrollo y la vida pública de una de las zonas más complejas de la sierra peruana. En 2022, su intento de convertirse en alcalde de Sivia, distrito de la provincia de Huanta en Ayacucho, lo llevó a recorrer plazas, compartir escenarios con el entonces candidato y actual gobernador regional Wilfredo Oscorima, y hablar sobre los problemas de su localidad. Pero detrás de ese perfil político, investigadores de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la DEA norteamericana acopiaban pruebas sobre su actividad dentro de una red transnacional dedicada al tráfico de drogas desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Para ese momento, Bermudo Guerra ya era considerado por las autoridades peruanas y estadounidenses como un operador logístico de alto valor, clave en una organización capaz de sacar grandes cargamentos de cocaína del corazón del Perú y moverlos a través de cinco países en dirección a Estados Unidos y Europa. Según la investigación, era el principal proveedor de droga producido en la zona del VRAEM, y uno de los responsables de que laboratorios clandestinos pudieran funcionar sin detenerse, acopiando y embalando los estupefacientes antes de la exportación.
El caso por el que se le conoció en la policía peruana lleva el nombre de “Gambeta”, por el uso de rutas alternas y caminos evitados para eludir los controles oficiales y las vigilancias portuarias estándar. Investigadores detallan que la organización contaba con miembros de México, Venezuela y Guatemala, además de peruanos, y montó una estructura capaz de establecer pasos en otras partes del mundo, utilizando empresas de fachadas encargadas de exportar cartón prensado o metal reciclado. Este comercio legal servía como cobertura para los embarques de droga, lo que descolocó durante meses a los operativos de seguridad a escala continental.
Uno de los mayores decomisos ocurrió en noviembre de 2024, cuando los agentes incautaron más de 1.400 kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en pacas de cartón en un almacén en Puente Piedra, Lima. En marzo de este año, una incautación de 1.181 kilos de cocaína en Tarragona, España, repitió el patrón. El cargamento tenía documentación similar, y salía de Perú siguiendo la ruta montada por la red de Bermudo. Para los responsables del caso, estos movimientos ilustran la escala de la operación: toneladas de droga saliendo desde zonas rurales y cruzando el océano en trámites aparentemente legales.
El contexto local del que proviene Bermudo ayuda a entender cómo la organización logró anclarse en el VRAEM. Esta región es una de las mayores productoras de hoja de coca del país y, por extensión, uno de los puntos donde las redes criminales desarrollan laboratorios y sostienen esquemas para recolectar la droga, encargar su procesamiento y gestionar los embarques.
La orden de su captura fue emitida por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y llevada adelante en coordinación con la Dirandro. Según explicó el general Manuel Lozada Morales, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el pedido de extradición a Estados Unidos tiene respaldo en las pruebas sobre la facilitación de embarques y manejo logístico de cargamentos de cocaína.
El arresto de Bermudo se realizó en Chiriaco, región Amazonas, tras un operativo de seguimiento internacional. Mientras aguarda su traslado a Estados Unidos, la red que ayudó a construir sigue bajo investigación, tanto en el Perú como fuera del país, en busca de otros integrantes y nexos.
