Durante una entrevista en Exitosa Noticias, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, reconoció que solo 30 de los 69 penales del país tienen bloqueadores de señal. El funcionario admitió que incluso el penal de Challapalca, ubicado en la región de Tacna y considerado de máxima seguridad, carece de este mecanismo, lo que deja al descubierto una seria vulnerabilidad en el control de las comunicaciones dentro del sistema penitenciario.
Paredes explicó que los bloqueadores instalados hace más de diez años ya no funcionan con efectividad, pues fueron diseñados para interferir señales 2G y 3G, mientras que los teléfonos incautados en las cárceles operan con tecnología 4G y 5G. Además, indicó que no todos los equipos están activos, debido a que varios presentan fallas por falta de mantenimiento o deterioro.
Presupuesto limitado y equipos obsoletos
El jefe del INPE afirmó que la institución no cuenta con los recursos suficientes para instalar bloqueadores en todos los penales. Señaló que el presupuesto asignado apenas cubre las necesidades básicas de operación y que el mantenimiento de los equipos activos demanda un alto costo, especialmente en los penales grandes, donde la señal debe ser neutralizada en pabellones extensos y con muros de concreto reforzado.
“Lamentablemente, no tenemos la capacidad presupuestal para cubrir los 69 penales. Algunos equipos dejaron de funcionar y no hay recursos para reponerlos”, declaró Paredes. Añadió que el INPE ha presentado proyectos para ampliar la cobertura tecnológica y que espera la aprobación de nuevos fondos para licitar bloqueadores modernos, capaces de inhibir todas las bandas de frecuencia.
También precisó que en varios penales, los bloqueadores se encuentran ubicados de manera ineficiente, lo que genera zonas muertas y otras con señal activa. “En algunos casos, los equipos no fueron instalados correctamente. Se está evaluando su reubicación y actualización”, indicó.
Antenas externas y señal satelital en zonas de altura
Uno de los puntos más críticos mencionados por el jefe del INPE fue la presencia de antenas de telefonía cerca de los penales, las cuales facilitan el ingreso de señal dentro de los establecimientos. “Hay torres instaladas a pocos metros de los muros que terminan potenciando la cobertura. Vamos a coordinar con el MTC para el retiro de esas estructuras”, detalló.
Paredes también explicó que Challapalca representa un caso especial por su ubicación geográfica a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Señaló que, debido a esas condiciones, la comunicación se mantiene por enlace satelital, lo que impide anular completamente la señal. “Aunque se instale un bloqueador, la señal satelital sigue ingresando. Es una situación técnica difícil de resolver”, dijo.
El funcionario mencionó que se están evaluando alternativas para reducir la cobertura dentro del penal, como la instalación de jaulas electromagnéticas o el uso de equipos portátiles de inhibición en zonas específicas. Sin embargo, aclaró que el alto costo de estas tecnologías dificulta su implementación inmediata.
Medidas contra la corrupción y reforzamiento del régimen A1
En otro momento de la entrevista, Paredes reconoció que el ingreso de celulares, chips y cargadores a las cárceles también está vinculado a casos de corrupción interna. Informó que se ha sancionado a funcionarios y agentes penitenciarios involucrados en el ingreso de equipos prohibidos y que se ha dispuesto la rotación constante del personal en pabellones críticos para evitar vínculos con internos.
“Se están aplicando medidas disciplinarias severas. Nadie puede ingresar objetos prohibidos. Si se detecta complicidad, el trabajador es separado de inmediato”, advirtió.
El jefe del INPE añadió que los internos considerados de alta peligrosidad serán trasladados a pabellones bajo régimen A1, un sistema de máxima seguridad donde las condiciones son más estrictas: sin luz en las celdas, con una visita al mes y sin acceso a tomacorrientes. Explicó que esta medida busca aislar a los cabecillas de organizaciones criminales que continúan dirigiendo extorsiones desde prisión.
Además, mencionó que se está trabajando en coordinación con la Policía Nacional del Perú para identificar las llamadas de extorsión que se originan desde los penales y rastrear los números utilizados. “El objetivo es cortar toda comunicación ilegal y evitar que las bandas sigan operando desde dentro”, aseguró.
Nuevas adquisiciones y coordinación interinstitucional
Paredes adelantó que el INPE planea adquirir nuevos equipos mediante procesos de licitación que prioricen los penales con mayor población de internos peligrosos. Explicó que las primeras instalaciones se realizarán en Lurigancho, Ancón I y Challapalca, considerados puntos estratégicos para frenar las comunicaciones de bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato.
El funcionario remarcó que se busca un trabajo conjunto con el MTC y la Policía Nacional para garantizar que los nuevos bloqueadores sean compatibles con las tecnologías actuales y que su mantenimiento quede a cargo de empresas especializadas. “No se trata solo de comprar equipos, sino de asegurar que funcionen de forma permanente. Queremos resultados sostenibles”, sostuvo.
Finalmente, Iván Paredes insistió en que la seguridad penitenciaria requiere inversión y control constante. Dijo que la modernización del sistema es una prioridad y que se están adoptando medidas progresivas para recuperar el control en los establecimientos donde aún operan redes criminales.
