La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Huancavelica llevó a cabo la recuperación de restos óseos de dos personas, una pareja de esposos, en un cementerio rural de Sallcahuara, distrito de Vilca, como parte de investigaciones por presunta ejecución extrajudicial perpetrada en la década de 1980. La intervención responde al caso N.º 64-2024, que investiga desapariciones forzadas vinculadas a la base militar de Coricocha, según informó el órgano de justicia.
Investigación en contexto de violencia política
La exhumación se realizó el 25 de octubre en presencia del fiscal provincial Carlos Mitchell Medina Romaní, representantes del Equipo Forense Especializado de Ayacucho (EFE), la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGBPD) y familiares. El procedimiento busca esclarecer la identidad y las causas de muerte de los esposos, quienes según las diligencias habrían sido sometidos a una ejecución extrajudicial durante el conflicto interno.
De acuerdo con la investigación fiscal, las víctimas fueron enterradas por sus propios familiares sin que mediara un certificado de necropsia, debido al clima de temor provocado por la presencia militar en la zona. Las autoridades trasladaron los restos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ayacucho para efectuar análisis de identificación genética y antropológica a fin de facilitar su eventual entrega digna a los deudos.
El Ministerio Público de Perú reafirmó su compromiso en la búsqueda de verdad y justicia para los afectados por graves violaciones a los derechos humanos: “Estos procedimientos forman parte del mandato constitucional de investigar los delitos y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos fundamentales”, indicó la fiscalía.
Desapariciones y ejecuciones: saldo de la violencia interna
El hallazgo se integra a un contexto más amplio de violencia política que marcó al país en las últimas décadas del siglo pasado. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre 1980 y 2000 se registraron aproximadamente 69.000 víctimas mortales o desaparecidas por acciones de violencia política y terrorismo.
En su reporte, la CVR atribuyó cerca del 54% de las muertes y desapariciones al grupo armado Sendero Luminoso; un 37% a agentes estatales, incluidos efectivos militares, policiales y fuerzas parapoliciales; y el 9% restante a otros actores armados. El organismo concluyó que “la mayoría de estas víctimas provenía de zonas rurales andinas, padeció abuso de poder por parte de fuerzas del orden, o fue blanco de grupos subversivos”.
Durante ese periodo, la región de Huancavelica fue escenario recurrente de operativos militares y enfrentamientos, dejando secuelas profundas en caseríos y comunidades. Muchas de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales aún permanecen sin esclarecer, lo que motiva la continuidad de investigaciones judiciales y forenses en áreas como Sallcahuara.
Procedimientos y próximos pasos
La recuperación y traslado de restos al laboratorio de Ayacucho permitirá avanzar en los estudios genéticos, claves para la identificación plena y el cierre del proceso de entrega a los familiares. Las autoridades enfatizaron el trabajo conjunto de la fiscalía, los equipos forenses y las instancias dedicadas a la búsqueda de desaparecidos como parte de un esfuerzo institucional sostenido para garantizar justicia.
El Ministerio Público aseguró la continuidad de sus labores en defensa de los derechos humanos, mientras familiares y comunidades mantienen la expectativa de lograr justicia y memoria para las víctimas de uno de los periodos más difíciles de la historia reciente del país.
