Estados Unidos emitió este miércoles una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Perú después de que el presidente interino José Jerí decretara estado de emergencia por 30 días en Lima y la provincia portuaria del Callao, en respuesta al aumento de la delincuencia organizada.
La embajada de Washington en Lima recomendó portar siempre una identificación, acatar las indicaciones de las fuerzas del orden, extremar precauciones, evitar aglomeraciones y mantener un perfil bajo. Sugerencias especiales incluyen actuar con mayor cautela en áreas turísticas, bancos y cajeros automáticos.
El comunicado invoca “no mostrar artículos de valor” y destaca la necesidad de consultar el sitio web oficial para recibir actualizaciones. También informa sobre los canales de asistencia consular disponibles en Lima, Cusco y desde el Departamento de Estado.
“Esté atento a su entorno. Evite las multitudes. Mantenga un perfil bajo. Manténgase alerta en lugares frecuentados por turistas. Sea vigilante al visitar bancos o cajeros automáticos”, se lee en la nota de la administración de Donald Trump.
La sede diplomática compartió información sobre el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) e incluyó enlaces para acceder a datos actualizados sobre seguridad y servicios para ciudadanos estadounidenses.
El último martes, a través de un mensaje a la nación, Jerí anunció la declaratoria al afirmar que la delincuencia ha aumentado y afecta gravemente a las familias y la economía, pero aseguró que su gestión busca recuperar la paz. “Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, afirmó.
Medidas
De acuerdo al decreto publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas antigubernamentales por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional (PNP) en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia.
Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.
Mientras, en las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, a la vez el decreto de estado de emergencia prevé “un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación”, así como “desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas”.
El estado de emergencia ha sido decretado por el Ejecutivo en varias regiones en los últimos años, con énfasis en la costa norte para enfrentar la minería ilegal, y también en determinados distritos de Lima.
En las últimas semanas, se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) en el pleno del Congreso.
Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre julio y septiembre de 2025 se registraron 575 homicidios en el país, el valor más alto de este año tras el pico de 580 casos en el último trimestre de 2024. En ese periodo de 2024, Perú superó por primera vez el umbral de 500 homicidios trimestrales, una cifra que hasta 2017 era inferior a la mitad.
