El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo reavivó el debate legal y ético sobre los límites de la privacidad en el marco de una relación sentimental en Perú. El escándalo, que alcanzó dimensiones nacionales tras la difusión de audios y testimonios en programas como Magaly TV La Firme, expuso públicamente la confesión de Salcedo de haber instalado GPS en los automóviles de su esposa y del productor Christian Rodríguez, además de intervenir teléfonos móviles para confirmar una supuesta infidelidad.
“Yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía. He tenido su celular intervenido, el de él, el de ella, el GPS en su carro, todo”, manifestó el aún esposo de la modelo. Estas acciones, expuestas mediáticamente, motivaron el debate sobre su legalidad.
¿Es ilegal revisar el celular de tu pareja o contratar a un detective ante sospechas de infidelidad?
La revisión del celular de la pareja sin su consentimiento es una acción que encaja en el concepto jurídico de violación de la intimidad y está regulada por la ley peruana. Según explicó la abogada Mayda Mendoza en diálogo con RPP Noticias, ni el matrimonio ni la convivencia autorizan revisar el teléfono móvil ni acceder a la información electrónica de la otra persona sin permiso.
“Si la persona revisa el dispositivo mientras su pareja duerme, está cometiendo un delito informático”, advirtió la letrada, quien recordó que el artículo 154 del Código Penal establece que el que, sin consentimiento, accede, intercepta o utiliza información privada contenida en sistemas electrónicos, comete delito informático y puede recibir sanciones que llegan hasta cuatro años de prisión si difunde el contenido.
La situación no cambia si el aparato pertenece al cónyuge que espía ni si se pagan las facturas de la telefonía. Es decir, por más que sea la otra persona quien haya comprado el celular o pague la línea, lo relevante es quién es el usuario del equipo.
Otra práctica señalada en el caso fue el uso de GPS y contratación de terceros para seguir y fotografiar los movimientos de la pareja. Legalmente, la colocación de un dispositivo de rastreo en un auto ajeno, sin permiso, también constituye una forma de injerencia no autorizada en la privacidad. La abogada explicó que quien coloca GPS, graba conversaciones o toma imágenes en espacios privados también incurre en delitos contra la intimidad.
“Una prueba que implique violación de la privacidad no solo no tiene valor ante un juzgado, sino que, además, puede generar una acción legal en contra del propio denunciante”, detalló la letrada, quien detalló que si esa información se comparte o se hace pública, la sanción puede aumentar a hasta cuatro años de cárcel.
Entonces, ¿qué pruebas son válidas en procesos judiciales de infidelidad?
En el contexto de un proceso de divorcio, las únicas pruebas válidas son las que no implican una vulneración de la intimidad. Por ejemplo, testigos que hayan visto a la pareja en actitudes comprometedoras en espacios públicos, fotografías tomadas en la vía pública o registros de entradas y salidas de hoteles, aunque estos últimos suelen ser difíciles de sostener en juicio salvo que impliquen flagrancia en un hecho gravísimo.
Si una persona pretende presentar mensajes privados obtenidos sin consentimiento, grabaciones en espacios privados, historiales de llamadas o imágenes extraídas del celular, estas pruebas quedarán excluidas por ser “ilícitas” y pueden ser admitidas como evidencia para un proceso penal en su contra.
Las excepciones aplican si la información se obtiene con conocimiento y autorización del titular del dispositivo o si ocurre en ámbitos donde la expectativa de privacidad es limitada, como la vía pública, restaurantes o eventos sociales.
¿Qué ocurre si el agraviado denuncia la violación de intimidad?
La persona afectada puede presentar una denuncia penal por violación de la intimidad y por delitos informáticos. En caso de comprobarse la injerencia, el responsable puede enfrentar penas privativas de libertad, multas y otras sanciones civiles. Además, la exhibición pública de estas pruebas —como ha ocurrido en el entorno de los medios de espectáculos— puede aumentar la gravedad de la sanción.
En paralelo a la denuncia penal, el afectado puede iniciar acciones civiles por daños y perjuicios, incluyendo compensación por daño moral o psicológico si demuestra afectación a su dignidad, imagen o reputación.
El Código Civil peruano resalta que el matrimonio y la convivencia reconocen derechos y deberes mutuos, pero no anulan la autonomía ni la privacidad de cada persona. La ley reconoce que cada individuo tiene derecho a la reserva de su correspondencia, sus telecomunicaciones, sus accesorios personales y su espacio privado.
