Un exinterno del penal de San Juan de Lurigancho (SJL) expuso una serie de irregularidades e incidentes de corrupción al interior de la cárcel, y dirigió sugerencias específicas al presidente interino José Jerí, sobre cómo enfrentar la crisis carcelaria. Las declaraciones aportan una visión interna de dinámicas ilícitas y brechas de control institucional que persisten en la mayor prisión del país, a propósito de la declaratoria de emergencia en Lima y Callao.
El exreo, que recuperó su libertad hace un año, describió como principales focos de corrupción la figura de los “delegados generales”, internos que asumen el control de los pabellones y organizan redes de cobros, privilegios y coordinación con personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). “Uno de los cambios que se debería hacer lo más rápido posible es el cambio de los delegados generales ahí. Ellos son los que manipulan todo, cobran el ingreso a los presos recién nuevos”, relató en diálogo con RPP. Añadió que quienes no pagan sufren humillaciones y se les obliga a cumplir tareas de limpieza, evidenciando un sistema paralelo de control económico.
El testimonio sostiene que el sistema de corrupción involucra pagos periódicos al personal penitenciario y permite el ingreso de artículos prohibidos como celulares, cargadores, decodificadores, drogas y antenas satelitales. “A cada guardián se le da su coima quincenal, además de su sueldo. El jefe de seguridad también recibe su coima y eso lo entregan los delegados, quienes a cambio logran ingresar todo tipo de objetos”, mencionó. Según la versión, los delegados conocen de antemano las fechas de las requisas por lo que, cuando se planifican operativos, estos líderes esconden temporalmente los productos en “caletas” y coordinan con funcionarios para camuflar la evidencia.
El exreo señaló que estas figuras, elegidas internamente por “los más avezados” o incluso tras amenazas y extorsiones, manejan el tráfico de drogas y la gestión de celulares desde los pabellones, y en algunos casos mantienen influencia directa sobre las bandas criminales en distritos del exterior, como Chorrillos. También refirió que el acceso a beneficios penitenciarios, conocidos como “dos por uno”, puede estar sujeto a pago: “Los internos no trabajan ni estudian, pero si pagan treinta soles mensuales, el personal del INPE les permite firmar como si hubieran hecho actividades y así obtienen el beneficio de redención de penas”.
Entre las prácticas irregulares documentadas, el exreo incluyó la venta de informes psicosociales, el acceso prioritario a servicios y hasta el alquiler de celulares y cabinas telefónicas dentro de la prisión. Sostuvo que “todo está corrupto, todo está podrido adentro”, y aseguró que tanto asistentes sociales como psicólogos forman parte del circuito informal de cobros.
En respuesta a recientes anuncios de medidas como los apagones eléctricos en celdas y la restricción del acceso a enchufes, adoptados como parte de la declaratoria de emergencia, el exinterno manifestó escepticismo sobre la efectividad real si no se ataca el problema desde la raíz: “Puede ayudar un poco, pero no todo, porque los delegados tienen prioridad a todo. Pagan a los guardianes del INPE y logran que les permitan continuar con sus operaciones dentro”.
Dio detalles sobre cómo ingresa la tecnología no autorizada, indicando que “los mismos delegados planifican la entrada de cargadores, celulares y otros dispositivos a través de las proveedoras y comercios internos que existen en el penal”. También observó que ciertos grupos de internos cuentan con comodidades y acceso a drogas mediante abonos económicos otorgados por los líderes de pabellón, facilitando una vida dentro del penal que dista de la reclusión efectiva.
La llamada del exreo a RPP Noticias concluyó con un pedido a las autoridades: si el gobierno de José Jerí busca cambios reales, la transformación debe partir de una intervención profunda que revise la actuación institucional, depure al personal comprometido y desmonte la estructura de los delegados en cada pabellón. El exinterno remarcó que “las autoridades saben, pero se hacen la vista gorda”, y que cada medida superficial representa un “simple saludo a la bandera” si no se cumplen acciones de fondo para restablecer la legalidad y recuperar el control estatal sobre el sistema penitenciario.
