El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días, tras informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que alertaron un aumento de homicidios, extorsiones, sicariato y tráfico ilícito de drogas. La medida busca restablecer el orden interno y reforzar la presencia policial y militar frente a la creciente ola de criminalidad en ambas jurisdicciones.
El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, incluye nuevas restricciones en los establecimientos penitenciarios. Las visitas a los internos se limitarán a una por semana o por quincena, dependiendo del régimen en el que se encuentren, y solo podrán realizarlas familiares directos por consanguinidad o afinidad. Además, se ordenó el retiro de antenas de telecomunicación ilegales y el control del suministro eléctrico en las celdas, que permanecerán con iluminación básica.
El Gobierno explicó que estas medidas buscan interrumpir las comunicaciones ilícitas entre los internos y las organizaciones criminales que operan desde los penales.
“Podrían afectar la convivencia”
El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, advirtió que las medidas aprobadas como parte del estado de emergencia no ofrecerán resultados inmediatos en materia de seguridad. En diálogo con Canal N, señaló que estas decisiones revelan las falencias estructurales del sistema penitenciario y no abordan el problema de fondo.
“Sabemos que hay un problema entre lo que ocurre en las cárceles y la calle, pero no creo que estas medidas vayan a dar resultados rápidos”, indicó. Según Caparrós, la reducción de visitas constituye una medida “dura” que impacta en la convivencia y la moral de los internos.
El exfuncionario explicó que la restricción se debe a la falta de mecanismos eficaces de control en los ingresos. “Si se restringe la visita, es porque no hay un control adecuado. Si tuviéramos un sistema de verificación eficiente, impediría el acceso de personas vinculadas al crimen sin necesidad de limitar el contacto familiar”, precisó.
Caparrós también advirtió que los recortes de energía eléctrica pueden afectar las actividades productivas que se desarrollan dentro de los penales. “Hay talleres donde los internos trabajan incluso de noche, porque no hay infraestructura suficiente para que todos lo hagan en el día. Cortar la luz interrumpe esas labores”, explicó.
Medidas no necesitaban una declaración de estado de emergencia
El exjefe del INPE subrayó que los controles internos y las requisas deberían formar parte del funcionamiento habitual de los establecimientos penitenciarios y no aplicarse solo durante situaciones de emergencia. “El control del ingreso de armas, objetos prohibidos o equipos de comunicación debería ser un protocolo permanente. No se necesita una emergencia para implementarlo”, afirmó.
Caparrós sostuvo que el sistema penitenciario necesita fortalecer su capacidad institucional y tecnológica, así como mejorar su infraestructura para garantizar un control real de lo que ocurre dentro de los penales. También señaló que es indispensable una coordinación más estrecha entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el INPE para aplicar medidas sostenidas y no reactivas.
“Estas disposiciones no son una novedad, sino una muestra de lo que hace falta atender desde hace años”, puntualizó el exjefe del INPE.
