En el contexto del estado de emergencia declarado por el gobierno desde el 22 de octubre, se han instalado entre seis y ocho puestos de comando operativo en puntos neurálgicos y vulnerables, de acuerdo con el mapeo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Uno de estos centros de coordinación funciona en el paradero 14 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, donde se articularán las acciones conjuntas de la PNP, las Fuerzas Armadas, el Serenazgo y la Defensa Civil.
El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Francisco Díaz Peche, explicó que estos puestos de comando permiten seguir en tiempo real la labor de policías y militares en los sectores más críticos, gracias a tecnología de comunicación satelital.
Según el funcionario, la capacidad para conectar y supervisar varios puntos de intervención simultáneamente facilita la reacción coordinada y la toma de decisiones rápidas ante cualquier incidente.
Estos puestos móviles se distribuyeron en zonas como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Huaycán y Raucana. La selección responde a criterios de vulnerabilidad y la identificación previa de delitos recurrentes, permitiendo un monitoreo interinstitucional constante y contacto directo con equipos desplazados en campo.
Integración institucional
La instalación de puestos de comando operativo llega acompañada de restricciones y controles adicionales en distritos afectados por la criminalidad.
De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial El Peruano, el despliegue incluye la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje y control territorial, en apoyo a la PNP, mientras se intensifica la seguridad en zonas como La Victoria, el Cercado de Lima y el entorno de centros penitenciarios.
Durante las primeras horas del operativo, el despliegue conjunto dejó escenarios inusuales en avenidas principales, con presencia militar y calles prácticamente vacías.
En el penal de San Juan de Lurigancho, el presidente José Jeri acudió para respaldar las acciones de requisa y vigilancia, acompañado por agentes municipales y serenos.
El estado de emergencia se traduce en limitaciones a la circulación, restricción a las visitas en penales y operativos internos orientados a combatir la extorsión.
Entre las medidas adoptadas destacan el corte de electricidad en las celdas, que solo mantiene iluminación básica, y la destrucción de antenas de telecomunicación ilegales utilizadas en actividades ilícitas.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), encabezado por el general David Ojeda, supervisa la aplicación de estos dispositivos desde puntos estratégicos en el Rímac, Callao y Surco.
En coordinación con el área de logística, las Fuerzas Armadas colaboran en la protección de infraestructuras y la recuperación de espacios públicos, como parte de la función constitucional de respaldo a la PNP.
Con esta estrategia, los puestos de comando operativo buscan articular los diferentes niveles de seguridad pública para recuperar la confianza ciudadana en los distritos más golpeados por la criminalidad, priorizando la cooperación interinstitucional y la reacción inmediata ante eventos de alto impacto.
El objetivo común es frenar el avance del delito durante el periodo de estado de emergencia que se extenderá durante treinta días en Lima y Callao.
