La empresaria Sada Goray intentará revertir el laudo arbitral emitido en su contra. El fallo la obliga a devolver millones de dólares a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C., ligada al Grupo Romero. De acuerdo con Peru21, la demanda de anulación se resolverá este martes 21 de octubre, mientras el proceso de ejecución ya fue admitido por el Décimo Quinto Juzgado Civil Comercial de Lima. El caso corresponde a ‘Loma Bonita’, uno de los proyectos inmobiliarios más controversiales del último año, y marca un hito jurídico por el uso del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos contractuales.
El conflicto se originó tras la venta de un terreno de 90 hectáreas en Chilca, transacción que significó US$ 47,6 millones. Centenario recurrió al arbitraje al resolver el contrato, alegando que Goray violó la cláusula anticorrupción y ocultó litigios sobre la propiedad del terreno. De acuerdo con documentos oficiales, la empresa exigió la devolución de un adelanto, la restitución de pagarés y una fuerte indemnización por daños económicos.
En paralelo al intento de anulación iniciado por Goray y sus socios ante la Primera Sala Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima, la ejecución del laudo sigue adelante, según informó la propia Centenario a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El proceso atrajo la atención del sector debido a las implicancias para la seguridad jurídica y el futuro de los procesos arbitrales en operaciones comerciales de gran escala.
Arbitraje y fuerza legal
Según Peru21, en el marco normativo peruano, el laudo arbitral equivale a una sentencia judicial y genera obligaciones de cumplimiento inmediato. El artículo 59 de la Ley General de Arbitraje determina su carácter definitivo, permitiendo únicamente excepciones puntuales como el recurso de anulación.
El arbitraje, mecanismo voluntario y especializado, brinda ventajas como confidencialidad y celeridad, según fuentes del sector. En el caso de Centenario Desarrollo Urbano, tras la resolución del contrato se solicitó la devolución de US$ 6,4 millones como adelanto y la retribución de pagarés por US$ 32,2 millones, así como S/ 91,8 millones por lucro cesante y daño emergente.
El Tribunal Arbitral validó la resolución contractual y ordenó a Sada Goray y otros demandados devolver el adelanto, restituir los pagarés y cubrir la indemnización. Además, dispuso el pago de intereses y costos legales del proceso. “Este fallo confirma que los demandados deben responder solidariamente por los perjuicios causados”, según consta en el laudo.
Estrategias legales y ejecución del fallo
La fase de ejecución avanza tras la admisión de la demanda por el juzgado civil, aunque la parte demandada busca que el laudo sea declarado nulo. Centenario comunicó ante la SMV que un intento de anulación no paraliza la ejecución, lo que refuerza el criterio de firmeza propio del laudo arbitral. El caso revela tensiones entre plazos procesales y la efectividad de las decisiones arbitrales, especialmente en contextos de operaciones inmobiliarias de gran magnitud.
Los argumentos principales que sustentaron la demanda arbitral de Centenario fueron el presunto pago de sobornos a funcionarios y el ocultamiento de litigios judiciales previos sobre el terreno de Chilca. La empresa sostuvo que estas acciones vulneraron la integridad contractual y motivaron la resolución del acuerdo. La indemnización fijada busca restituir tanto el daño emergente como el lucro cesante, aspectos considerados en procesos de este tipo en el mercado inmobiliario.
