Desde el Palacio de Gobierno, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, negó que la coyuntura política actual vaya a modificar la fecha de las elecciones generales fijada para el 12 de abril de 2026. La declaración ocurre en un periodo de incertidumbre institucional, en el que diversos sectores habían planteado dudas sobre el cumplimiento del calendario electoral.
En los primeros minutos de su intervención, Burneo enfatizó: “El cronograma electoral no va a ser afectado por la coyuntura. El cronograma electoral es inexorable, se tiene que respetar y esa es la garantía que hemos recibido de parte del Ejecutivo y también entiendo yo que es compartido por el Legislativo”.
La garantía ofrecida por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones se da en plena sede de la Presidencia de la República del Perú, recalcando la coordinación con el Poder Ejecutivo y el Congreso. La comunicación buscó dar señales de estabilidad institucional, tras un año marcado por crisis políticas, enfrentamientos entre poderes del Estado y demandas sociales.
Al describir el proceso que llevará al sufragio de 2026, Burneo subrayó que modificar la fecha del proceso electoral podría generar distorsiones y afectar la confianza pública en el sistema. “Es un año muy complejo y cambiar las fechas va a demandar una distorsión del mismo y confiamos que no se va a cambiar. Y esa es la garantía que entendemos a todos les queda muy claro”, sostuvo el magistrado.
En las últimas semanas opositores y analistas habían expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que se posterguen los comicios, citando el clima de polarización y desafíos de gobernabilidad. La gestión del calendario electoral, según las palabras de Burneo, se rige por las normas constitucionales vigentes y no se supedita a situaciones coyunturales.
El Jurado Nacional de Elecciones reiteró que los preparativos para las elecciones avanzan conforme a ley y en coordinación con los organismos complementarios. Las principales autoridades políticas del país refrendaron el compromiso público con la fecha del 12 de abril de 2026 como única referencia válida para la elección presidencial y parlamentaria.
La reafirmación del calendario electoral por parte de Roberto Burneo busca desalentar especulaciones en torno a un aplazamiento y salvaguardar la confianza pública en la regularidad de los procesos democráticos de Perú. Las próximas etapas del proceso incluyen la actualización del padrón electoral, definición de candidaturas y despliegue de organismos observadores.
Elecciones 2026
Las elecciones generales de 2026 en Perú representan el proceso democrático mediante el cual la población elegirá a las principales autoridades nacionales. La votación está programada para el 12 de abril de 2026, fecha en la que millones de peruanos concurrirán a las urnas para decidir al nuevo presidente de la República, dos vicepresidentes, los diputados, senadores y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Este proceso marcará el inicio de un nuevo ciclo de gobierno y definirá la composición política del país durante el periodo 2026-2031.
La organización y supervisión electoral corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Estas entidades tienen la responsabilidad de asegurar que la elección se realice con transparencia y de acuerdo a la ley, coordinando etapas clave como la inscripción de partidos y candidatos, la depuración del padrón electoral, la capacitación de miembros de mesa y la proclamación de los resultados oficiales.
El proceso electoral contempla la posibilidad de una segunda vuelta presidencial si ningún aspirante alcanza más del 50 % de los votos válidos en la primera ronda. Además, los electores renovarán la totalidad del Congreso de la República, elegido por regiones, y a los representantes del Parlamento Andino, órgano de integración regional. Los comicios movilizan el sistema democrático nacional y demandan la participación activa de la ciudadanía, que ejerce su derecho y deber cívico al emitir su voto.
