El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó 7 días de detención preliminar contra el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes por el homicidio del joven manifestante Eduardo Ruiz durante la marcha nacional del 15 de octubre.
El juez Abel Centeno dispuso que Magallanes permanezca detenido hasta el 23 de octubre, día en el que sería puesto en libertad a menos que la Fiscalía formalice la investigación preparatoria y requiera la prisión preventiva.
Por otro lado, el magistrado rechazó dictar detención preliminar contra el segundo suboficial implicado, Omar Saavedra, toda vez que, afirma, preliminarmente no estaría directamente involucrado en el homicidio del joven manifestante.
Tampoco se le impuso comparecencia con restricciones a Saavedra, no obstante, el juez Abel Centeno le indicó que está en la obligación de acudir a todas las diligencias que programe el Ministerio Público. En caso de no hacerlo, se tomará en cuenta ello en futuros requerimientos.
La defensa de Luis Magallanes anunció que apelará la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mientras que ocurrió una situación cuando se le consultó a la defensa de Omar Saavedra. La abogada no contestó los llamados del juez, por lo que se dispuso que se le contacte por teléfono, pero tampoco contestó. Se dispuso que se le notifique por casilla electrónica y que informe su ausencia en la lectura de la resolución.
Contradicciones sobre la responsabilidad de Luis Magallanes
La reciente muerte de Eduardo Ruíz ha generado una controversia pública debido a las versiones contradictorias ofrecidas por las principales autoridades del sector Interior en torno a la responsabilidad del suboficial Luis Magallanes. Mientras el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, identificó a Magallanes como el autor del disparo fatal y confirmó su detención, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, sostuvo que la investigación aún no ha determinado si la bala que mató a Ruíz provino del arma de Magallanes.
El ministro Tiburcio se distanció de la versión oficial previamente difundida por la Policía Nacional. Afirmó que, aunque se ha establecido que Magallanes efectuó un disparo, todavía no se ha comprobado que el proyectil que causó la muerte de Eduardo Ruíz haya salido de su arma. “Aquí quiero ser responsable, como siempre lo he hecho, a través de mi vida, sobre la situación del suboficial, en este caso de Luis Magallanes. Deberán agotarse las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, manifestó el ministro, subrayando la necesidad de esperar los resultados de las pericias antes de atribuir responsabilidades.
En la misma línea, Tiburcio señaló que no había escuchado con claridad las declaraciones del general Arriola y reiteró que el proceso de investigación sigue en curso. “Eso es proceso de investigación. Nadie ha dicho el autor del disparo. No le he visto bien las declaraciones [de Arriola], pero en mi contexto [él] dice que [es] el autor del disparo del arma, que no sabemos si eso ha sido la causa de la muerte”, agregó..
Por su parte, el comandante general Óscar Arriola no solo aseguró que el arma fue disparada por Magallanes, sino que ofreció disculpas públicas a nombre de la Policía Nacional. Arriola informó que dos efectivos asignados a la zona de la calle Abancay, Luis Magallanes y Omar Saavedra, se encuentran detenidos y recuperándose de lesiones en el Hospital de la Policía. Además, comunicó la separación de los oficiales responsables del operativo del 15 de octubre, con el objetivo de garantizar una investigación “transparente” y se comprometió a realizar “una investigación exhaustiva, a la que siempre nosotros nos comprometemos”.
El abogado de Luis Magallanes, Stefano Miranda, respaldó la postura del ministro y solicitó que no se adelanten juicios hasta que concluyan las diligencias. “Que se investigue, y si hay que establecer responsabilidades, que se establezca, pero no podemos adelantar opinión si es que no se han hecho las diligencias urgentes e imprescindibles”, declaró Miranda a RPP.
El letrado explicó que, según su defendido, Magallanes disparó al suelo con la intención de dispersar a un grupo de manifestantes que se aproximaban para agredirlo, y que en ningún momento apuntó contra una persona. Además, denunció que el arma del suboficial fue robada durante el incidente, lo que, a su juicio, dificultará las pericias balísticas. “Le han robado el arma de fuego en ese momento. En otro video se va a ver que lo atacan”, afirmó.
Miranda también cuestionó las declaraciones del general Arriola, acusándolo de proteger a oficiales de mayor rango. “Hay tanta lavada de manos. ¿Qué hace un personal de la Dirección de Investigación Criminal de Secuestros convertido ese día por necesidad del servicio en agente de inteligencia? Lo mandas a morir, lo mandas como carne de cañón”, expresó el abogado en la misma entrevista.
A pesar de las discrepancias, tanto el general Óscar Arriola como el ministro Vicente Tiburcio coincidieron en que la Policía Nacional del Perú será la entidad encargada de realizar las primeras diligencias, conforme a lo establecido por la ley 32130.
