Una investigación del Ministerio Público que involucra al presidente José Jerí apunta a un posible esquema de tráfico de influencias y soborno, de acuerdo con el fiscal Carlos Ordaza, jefe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP).
Hildebrandt en sus trece menciona que este caso toma relevancia ante la aparición de una conversación de WhatsApp en la que se lee: “200 mil dólares para Jeri solo por aprobar la ley en el Congreso”. Este intercambio, sostenido entre un alto funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y un asesor congresal, llegó a las manos del EFICCOP, que ahora indaga el caso.
El chat figura entre los elementos recolectados durante la investigación del caso ‘Los operadores de la reconstrucción’, protagonizado por el congresista Guillermo Bermejo, quien está acusado de solicitar coimas para destrabar presupuestos de obras en la región Piura. La comunicación donde aparece Jeri se realizó el 29 de abril de 2022, fecha en la que él era miembro titular de la Comisión de Presupuesto. EFICCOP sostiene la hipótesis de que Jeri habría “facilitado” partidas presupuestarias a cambio de pagos, y que esta práctica pudo haberse expandido durante su paso y posterior presidencia en la Comisión.
El fiscal asignado al caso explicó: “La hipótesis es que los pintitos de Jeri con las movidas presupuestales comenzaron con ‘los operadores de la reconstrucción’. Luego, Jeri expandió su red de contactos”. Dentro de esta línea, se consigna que, tres meses después del chat, Jeri adquirió un penthouse en la avenida Brasil por S/ 795 mil, además de dos cocheras y dos depósitos, respaldo mediante crédito bancario. Su historial financiero, según la investigación, no registraba ingresos previos por encima de S/ 5.000 mensuales antes de su llegada a la esfera parlamentaria.
La ruta del dinero
La carpeta fiscal recoge que, previo a su irrupción política, Jerí brindaba asesorías a entidades públicas como la Municipalidad de Lince y el Gobierno Regional de Áncash, así como actividades empresariales en el rubro legal. Su ascenso coincide con operaciones inmobiliarias de alto perfil: antes de mudarse al penthouse, residía en un modesto departamento familiar en Jesús María, junto a sus padres, Andrés Jeri y María Oré, ambos retirados de actividades laborales. Este cambio de estilo de vida se produjo apenas unos meses tras la aparición de los chats, lo que ha suscitado el interés de los fiscales.
Jeri cursó estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde “terminó la carrera a los 28 años”, según apunta el material obtenido. Su trayectoria política no comenzó en Somos Perú, sino en Alianza para el Progreso (APP), donde fue técnico parlamentario. Un informe interno revelado por el semanario sostiene: “En el Congreso es donde Li adoptó a Jeri. Ella jaló a varios jóvenes a Somos Perú y los puso como sus operadores para quedarse con el partido. Jeri fue uno de ellos”. Patricia Li, asesora principal, fue clave en su trayectoria y por su influencia enfrentó procesos de vacancia y cuestionamientos administrativos, transmitiendo su pericia en el manejo presupuestal.
Durante el ejercicio de sus funciones, el jefe de Estado adquirió más inmuebles: un lote de playa en Los Lobos, Cerro Azul, por 12 mil 550 dólares, una camioneta Dodge Nitro de S/ 40 mil y, más adelante, un dúplex de 70 metros cuadrados en Punta Hermosa por S/ 210 mil. Estas adquisiciones constan en la indagación por enriquecimiento ilícito, abierta en paralelo a las diligencias de tráfico de influencias.
Otra denuncia hacia Jerí
A las indagaciones citadas se sumó una denuncia hecha pública por la empresaria Blanca Ríos Monteyro ante un medio de comunicación. Ella exhibió audios y comprobantes de transferencias por S/ 150 mil, presuntamente entregados a intermediarios de Jeri y a la congresista Ana Zegarra, a cambio de promesas de partidas presupuestarias para una obra en Loreto. “Jeri sabía de los pagos y que tuvo una reunión presencial con él”, señala la denuncia que motiva una carpeta adicional en la Fiscalía de la Nación.
Mientras otros casos contra el mandatario avanzan lentamente, la denuncia de Ríos se encuentra en fase preliminar. Un fiscal sostiene: “La carpeta está en la Fiscalía de la Nación y Tomás Aladino Gálvez tenía la intención de echarle una mantita a Jeri. Alegó que la empresaria no acudió a las citaciones fiscales”. También se menciona que el mismo fiscal archivó meses atrás un proceso contra Jeri por violación basándose en pruebas periciales y testimonios, a pesar de presuntas contradicciones e indicios.
El expediente de enriquecimiento ilícito detalla que, además de inmuebles, el presidente habría comprado una camioneta en efectivo durante su ejercicio como presidente de la Comisión de Presupuesto. Más recientemente, adquirió otro inmueble de playa en Punta Hermosa, de acuerdo a la ficha registral.
Hildebrandt en sus trece detalla que el entorno de Jeri está también en el radar de los fiscales. En la ceremonia de juramentación, nombres como Andrea Ruiz Fernández y Guadalupe Vela Ramírez emergen. La primera es identificada en el expediente como “anfitriona” y referida como pareja del congresista, mientras que Vela, simpatizante de Somos Perú, figura con una denuncia previa por estafa piramidal y tras su ascenso fue contratada en el Comité de Damas del Congreso con una remuneración de S/ 10 mil 500.
