La marcha nacional del 15 de octubre, convocada principalmente por jóvenes de la llamada generación Z, derivó en graves enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Centro de Lima. La jornada dejó un saldo de más de 80 heridos —entre civiles y agentes policiales—, además de un fallecido identificado como Eduardo Ruiz Sanz, quien fue trasladado sin vida al Hospital Arzobispo Loayza.
Las movilizaciones, que iniciaron como una protesta contra el Congreso y el Gobierno, se tornaron violentas al caer la noche. Videos difundidos en redes sociales mostraron agresiones contra policías de tránsito, el incendio de papeleras y señales de tránsito, así como el uso de perdigones y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas del orden. Los principales focos de tensión se concentraron en el jirón de la Unión, la avenida Abancay y los alrededores del Cercado de Lima, donde se reportaron los mayores disturbios y detenciones.
Rospigliosi advierte sobre “una minoría violenta”
Tras los hechos, el congresista Fernando Rospigliosi publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter)condenando los disturbios ocurridos durante la movilización. El parlamentario sostuvo que una “pequeña minoría violenta” busca desestabilizar al país y capturar el poder político mediante el caos y la confrontación.
“¿Los 37 millones de peruanos nos someteremos a una pequeña minoría violenta? Otra vez han provocado disturbios y caos, atacando ferozmente a la Policía con el único propósito de capturar el poder”, escribió. Además, exhortó a la ciudadanía a no ceder ante la violencia ni permitir que grupos radicales repitan los escenarios de inestabilidad política de años anteriores. “¡No dejemos que vuelvan a destruir el país! ¡Rechacemos con energía y firmeza la violencia!”, añadió en su publicación.
Congreso lamenta la muerte de Eduardo Ruiz
El Congreso de la República emitió un comunicado oficial lamentando la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, ocurrida durante la jornada del lunes 15 de octubre. En el pronunciamiento, la Mesa Directiva instó a las autoridades a realizar una investigación objetiva, rápida e imparcial que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El Parlamento también expresó su respaldo a la Policía Nacional, señalando que en las manifestaciones participaron “delincuentes infiltrados” que generaron desmanes y enfrentamientos. “Ninguna causa justifica la violencia ni los actos que pongan en riesgo la vida de los peruanos”, indica el documento difundido por los canales oficiales del Legislativo.
El pronunciamiento se publicó luego de que el abogado de la víctima, Rodrigo Noblecilla, denunciara públicamente que la Policía estaría intentando autoinvestigarse por la muerte de Ruiz Sanz. El letrado informó que la Fiscalía de Derechos Humanos asumirá la competencia exclusiva del caso.
Reacciones y cifras reportadas por las autoridades
La Defensoría del Pueblo confirmó que la jornada de protestas dejó al menos 78 policías lesionados y 24 manifestantes heridos, sumando más de 100 personas afectadas. Asimismo, la institución solicitó al Ministerio Público que garantice una investigación autónoma, con especial atención al uso proporcional de la fuerza.
Diversas organizaciones sociales y colectivos juveniles se pronunciaron tras los enfrentamientos, señalando que los reclamos ciudadanos iniciales —vinculados a la corrupción, la inseguridad y la falta de representatividad política— no deben ser opacados por los actos de violencia. En tanto, sectores políticos y parlamentarios insistieron en que las protestas fueron aprovechadas por grupos con fines desestabilizadores.
El ministro del Interior informó que se desplegaron más de 2.000 agentes policiales en el Centro de Lima durante la movilización, mientras que la Defensoría mantiene el seguimiento de los casos de personas detenidas o heridas.
Contexto y seguimiento del caso
El Ministerio Público confirmó que abrió una investigación preliminar para determinar las circunstancias de la muerte de Eduardo Ruiz Sanz. La Fiscalía de Derechos Humanos y Terrorismo asumió la competencia del caso y comenzó la recopilación de testimonios, grabaciones y peritajes.
Mientras tanto, la Policía Nacional anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer la actuación de su personal durante los enfrentamientos. En paralelo, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a prevenir el uso excesivo de la fuerza en futuras movilizaciones.
