La vacada expresidenta Dina Boluarte podría huir de la justicia debido a las múltiples investigaciones fiscales que se le iniciaron. Así lo advirtió la Fiscalía de la Nación para justificar que se imponga 18 meses de impedimento de salida del país en su contra por un caso derivado de las cirugías estéticas a las que se sometió la exmandataria en 2023.
Durante la audiencia ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera Baltazar dio a conocer que en el despacho de la Fiscalía de la Nación se tramitan por lo menos otras 5 investigaciones fiscales contra Boluarte.
Rivera indicó que a la expresidenta se le investigada por omisión o demora de actos funcionales “al no haber adoptado las medidas necesarias para contrarrestar los incendios forestales ocurridos entre agosto y setiembre de 2024″.
También se registra una investigación por presunta negociación incompatible por presuntamente haberse interesado indebidamente en la adquisición de un equipo destinado a su recuperación postquirúrgica.
Del mismo modo, se investiga Dina Boluarte por presunta falsedad genérica, por la presunta falsificación de firmas en resoluciones supremas entre el 29 de junio y 9 de julio de 2023.
Finalmente, el fiscal indicó que Boluarte es investigada en otras carpetas por presunto abuso de autoridad por el pase al retiro del excomandante general de la Policía Jorge Angulo y por presunto nombramiento ilegal al designar a Romulo Mucho como ministro de Energía y Minas.
La defensa de la exmandataria afirmó que, si bien es cierto que la expresidenta viene siendo investigada en múltiples carpetas fiscales, ha declarado en la mayoría de estas, por lo que, dice, no habría obstaculización de la investigación.
Tras escuchar todos los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de la vacada, el juez Juan Carlos Checkley anunció que notificará su decisión por casilla digital.
Rechazan primer impedimento de salida
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido de la Fiscalía para imponer un impedimento de salida del país durante 36 meses a la expresidenta Dina Boluarte, quien es investigada por presunto lavado de activos vinculado a una cuenta mancomunada utilizada para la reparación civil de Vladimir Cerrón.
El juez Fernando Valdez calificó de “irrisoria” la suma involucrada, aproximadamente 15.000 soles, y cuestionó la proporcionalidad de restringir la salida del país en un caso donde no existen consignas claras de lavado de activos. En la resolución, el magistrado destacó que los aportantes declararon que el dinero provenía de sus salarios, lo que, a su juicio, refuerza la legitimidad de los fondos: “Si es de su sueldo, es un dinero limpio; no se puede ensuciar a través de una donación”, afirmó. Además, el juez precisó que no constituye delito que militantes de un partido político contribuyan al pago de la reparación civil de otra persona.
El fallo también descartó que Boluarte se haya beneficiado económicamente, ya que la totalidad del dinero fue transferida a la cuenta de Vladimir Cerrón y no existen pruebas de que la exmandataria haya retenido fondos. La versión de la Fiscalía sobre la posible procedencia ilícita de los fondos, atribuida a la organización “Los Dinámicos del Centro”, fue desestimada por basarse únicamente en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, sin sentencia que la respalde.
Respecto al peligro de fuga, el juez consideró que los viajes internacionales de Dina Boluarte ocurrieron solo en su calidad de jefa de Estado y no hay elementos objetivos que indiquen intención de evadir la justicia. Además, valoró positivamente la disposición de la exmandataria para acudir ante las autoridades durante la investigación.
La Fiscalía argumentó que buscaba asegurar la presencia de Boluarte en diligencias como declaraciones y careos, pero el juez Valdez sostuvo que estos procedimientos no son urgentes ni indispensables, ya que la ex presidenta puede ejercer su derecho a guardar silencio o a no participar en los careos.
El abogado Juan Carlos Portugal celebró la decisión y subrayó que el requerimiento fiscal fue desestimado “no porque tiene arraigo o porque ha tenido un comportamiento absolutamente impecable e implacable”, sino porque “no hay delito”. Añadió que “los aportes no son delictivos, no hay vínculo de la presidenta con el conocimiento de alguna apariencia de ilicitud. Otorgar, a través de una cuenta mancomunada, un depósito a un ciudadano es absolutamente neutral. No es delito. Toda la estructura de 3 años de investigación finalmente han quedado resumido en absolutamente nada”.
La Fiscalía anunció que presentará una apelación, mientras que la defensa de Boluarte expresó conformidad con el fallo.
