La abogada Lesly Nadir Shica Seguil asumió este martes 14 de octubre el despacho del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el gabinete presidido por Ernesto Álvarez. Lo paradójico es que pocos meses antes de su designación, en julio de este año, mantuvo un litigio administrativo con la institución que ahora dirige, tras haber sido descalificada en un concurso público promovido por el propio ministerio.
Según documentos consultados por Infobae, la actual ministra presentó un recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), buscando que se revierta la decisión que le impidió acceder a la plaza de asesora del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del Midis.
El proceso comenzó con el Concurso Público de Méritos para el Traslado Cerrado a la Entidad N° 002-2024-MIDIS, mediante el cual el ministerio convocó dos vacantes de asesora. Shica Seguil postuló al puesto y superó la fase de evaluación curricular al obtener una calificación de 81,6 puntos, situándose entre las aspirantes calificadas para continuar. No obstante, en la siguiente etapa, correspondiente a la entrevista personal, recibió 58,33 puntos, por debajo del mínimo requerido de 60 según las bases. Su resultado resultó idéntico al de otro postulante, quien también fue excluido del proceso.
Disconforme con el veredicto, la hoy ministra fundamentó su reclamo señalando que “la calificación obtenida en la entrevista personal no guarda relación con el desempeño demostrado en la entrevista dada”. Alegó que cumplió con todos los criterios de evaluación y sostuvo que las preguntas planteadas durante la entrevista no coincidían con lo anunciado en las bases del concurso. Además, sostuvo que la entrevista había sido convertida en una nueva prueba de conocimientos, desvirtuando su propósito original.

Mediante un escrito presentado el 4 de abril de 2025, Shica incluyó la transcripción de la entrevista y argumentó que “el Comité ha dado por respondidas las preguntas en forma satisfactoria”, por lo que solicitó que se la declare ganadora del concurso público y se le designe en el cargo.
El conflicto fue tramitado por el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), que admitió el recurso de apelación e inició la revisión del expediente. El ministerio remitió toda la documentación vinculada al proceso, incluyendo el formato de evaluación de la entrevista y los registros de ambos postulantes que alcanzaron la etapa decisiva.
A través de la resolución con fecha del 18 de julio de 2025, la entidad concluyó que las preguntas dirigidas tanto a Shica Seguil como al otro postulante se estructuraron en torno al mismo temario, abarcando misión, competencias del cargo, principios de la función pública y análisis de casos prácticos. Determinó que la menor puntuación se concentró en el bloque de análisis de casos, donde la actual ministra no logró convencer a los miembros del comité.
El dictamen precisó que responder a todas las preguntas no garantiza recibir mayor puntaje, ya que corresponde a los evaluadores ponderar la pertinencia y profundidad de cada respuesta. La resolución concluyó que los argumentos de Shica no resultaban amparables y declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la exclusión de la concursante.

¿Quién es Lesly Shica?
Antes de su designación ministerial, se desempeñó como gerente general de Promperú y previamente fue asesora en el despacho ministerial del Midis. Su formación incluye una maestría en Gestión Pública otorgada por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona, así como otra en Inteligencia Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Ha sido certificada en Seguridad Global por la Florida International University y participó en programas de especialización en ESADE.
La trayectoria de la actual ministra incorpora experiencia en diversas entidades públicas, entre ellas el Ministerio del Interior, el Seguro Social de Salud (Essalud) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Igualmente, integró el directorio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) y de la Comisión Consultiva de Integridad Pública del Colegio de Abogados de Lima. Su vinculación al escenario político se remonta a las elecciones congresales de 2020, cuando postuló como candidata por Alianza Para el Progreso (APP), organización de la que luego se desvinculó.