El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República participarán de forma conjunta en una mesa de trabajo convocada para este jueves 9 de octubre a las 8:30 en el Palacio de Gobierno, junto a representantes de los gremios de transportistas de Lima y Callao.
La decisión, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), surge tras los episodios de violencia y paros que golpearon el sistema de transporte urbano en las últimas semanas.
El anuncio responde a la demanda de los trabajadores del sector y sus organizaciones, quienes reclaman mayores garantías de seguridad y medidas concretas para enfrentar la extorsión y el crimen.
Un comunicado de la PCM difundido en redes sociales detalló que la prioridad inmediata del Gobierno y el Congreso es garantizar la seguridad de conductores, cobradores y usuarios del transporte público.
Esta acción coordinada ocurre en un contexto marcado por el reciente “apagón de motores”, un paro que detuvo buses y combis en varios distritos, dejando a miles de pasajeros varados y visibilizando el temor con el que opera el sector cada día.
Los gremios, liderados por la Cámara Internacional de Transporte (CIT), sostienen que el paro volverá a activarse si se registra un nuevo crimen contra cualquier trabajador.
Así lo explicó el director de la CIT, Martín Ojeda, quien puntualizó: “El acuerdo de los delegados es reactivar la paralización en caso de una muerte más”.
Presión gremial, antecedentes y escenarios
El pasado lunes 6 de octubre, Lima y Callao vivieron el impacto de un paro realizado por sindicatos de transportistas urbanos, en protesta por la ola de inseguridad que afecta al sector.
El apagón, impulsado por la amenaza constante de la extorsión y la violencia, buscó llamar la atención sobre la urgencia de cambios estructurales.
La movilización evidenció las carencias de protección y la falta de coordinación entre autoridades estatales, ya que tanto el Ejecutivo como el Legislativo convocaron a reuniones paralelas con los gremios.
El paro representó una señal de alerta para el Estado, que aceleró las negociaciones y estableció el diálogo como vía prioritaria.
La última ronda de reuniones se realizó en sedes oficiales los días 6 y 7 de octubre, donde líderes gremiales transmitieron su “posición firme” y exigieron respuestas inmediatas, no promesas futuras.
Frente a este escenario, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, propuso adelantar la fecha de la segunda mesa técnica, originalmente prevista para el 14 de octubre.
En su mensaje en redes sociales, Sandoval indicó: “Vamos a encontrar las mejores soluciones y destrabar los cuellos de botella técnicos y normativos”. El objetivo principal, reafirmó, es “destrabar problemas normativos y técnicos, discutir la situación de las rutas informales y reforzar la seguridad de conductores y usuarios”.
La convocatoria conjunta del Ejecutivo y el Parlamento en Palacio de Gobierno es presentada como una señal de unidad y voluntad política para responder de manera integral a la problemática.
No obstante, los gremios advierten que el margen de tolerancia es escaso y que mantendrán su estrategia de presión mientras persista la falta de resultados concretos.
