El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, defendió a la presidenta de la República Dina Boluarte ante lo que calificó como actos de violencia política y ataques personales en medios y redes sociales. Arana subrayó que, en las últimas semanas, la mandataria ha enfrentado expresiones ofensivas por parte de diversos sectores mediáticos, situación que, según su perspectiva, trasciende la crítica política y afecta a la persona.
Arana señaló que “algunos programas se han referido a la señora presidenta con términos realmente deleznables”. El presidente del Consejo de Ministros puso en duda si la razón de estos ataques radica en el género de la mandataria o en su origen andino, y afirmó que existe una percepción de que no puede defenderse. “Este es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura”, sostuvo.
El pronunciamiento fue realizado después de días marcados por comentarios críticos y cuestionamientos hacia la figura presidencial, tanto en canales de televisión como en principales plataformas digitales. En opinión de Arana, estas manifestaciones cruzan el límite del debate democrático y reflejan una violencia simbólica inaceptable contra la máxima autoridad del país.
Desde el despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana enfatizó que el Estado debe velar por el respeto institucional, aunque aclaró que la mandataria cuenta con respaldo dentro del Ejecutivo. La polémica sobre este tipo de ataques adquirió mayor relevancia luego de la difusión de mensajes que, interpretados por sectores del oficialismo, amplifican la discriminación por motivos de género y origen étnico.
Renuncias en camino
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, abordó la posibilidad de que se produzcan nuevas renuncias en el gabinete antes de las Elecciones Generales 2026. Arana señaló que cualquier alto funcionario, incluidos los ministros, tiene el derecho de dejar el cargo si decide postular a un puesto de elección popular y que existen mecanismos de prevención para garantizar la continuidad de la gestión ante eventuales dimisiones.
La fecha límite para la presentación de renuncias corresponde al 13 de octubre de 2025 y alcanza a cargos como presidente, ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. En cada caso, la dimisión debe tramitarse ante la autoridad correspondiente: el Congreso para el presidente, los consejos regionales para los gobernadores y vicegobernadores, y el concejo municipal para los alcaldes. Además, toda renuncia debe inscribirse en el Jurado Electoral Especial al formalizar la candidatura.
Arana recordó que situaciones similares, como la renuncia del exministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no alteraron la continuidad de las labores del Gobierno. También detalló que los trabajadores y funcionarios públicos que desean competir en las próximas elecciones deberán solicitar licencias sin goce de haber con 60 días de anticipación a los comicios.
Juan José Santiváñez dejó el cargo de ministro de Justicia tras un periodo breve en el gabinete. La decisión fue anunciada mediante una carta donde expone motivos personales y políticos, aunque no especifica detalles adicionales. Diversos sectores políticos habían cuestionado su permanencia y, tras su salida, se incrementaron los rumores sobre una posible candidatura en las próximas elecciones generales, vinculado a la agrupación política Alianza para el Progreso (APP).
Fuentes cercanas señalaron que mantiene conversaciones con figuras de ese partido, lo que alimenta las especulaciones sobre su aspiración a un cargo de mayor relevancia. Su dimisión se produce en un contexto de tensiones dentro del gabinete y con miras al proceso electoral de 2026. El Ejecutivo evalúa posibles reemplazos para asegurar la continuidad de las políticas en materia de justicia. El ahora exministro evitó declaraciones públicas tras formalizar su renuncia.
