Las acciones para enfrentar la minería ilegal en el distrito y provincia de Pataz se intensificaron tras el operativo más reciente dirigido por el Comando Unificado Pataz, respaldado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
La intervención en el sector Las Manzanas, diseñada como parte de la operación “Pachacamac”, ocasionó pérdidas superiores a S/ 535,500 para las bandas vinculadas a este tipo de delitos.
Durante la operación, los agentes incautaron un motor industrial, una caja de cambio, un panel de control de energía y veinticinco detonadores ensamblados marca Kamex.
El objetivo fue la interdicción de una bocamina clandestina que servía para la extracción ilegal de minerales, un procedimiento realizado con la participación de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Estrategia integral y mensaje de las autoridades
El operativo se enmarca en la política nacional definida por el sector Defensa, centrada en recuperar el principio de autoridad y proteger los recursos naturales afectados por la minería ilegal.
El Comando Unificado Pataz subrayó la importancia de “ejecutar medidas integrales para restablecer el orden interno y salvaguardar la seguridad de las comunidades locales en La Libertad”.
A través de estas acciones articuladas, las autoridades buscan desarticular progresivamente las redes criminales operando en la zona y detener el avance que pone en riesgo tanto el ambiente como el desarrollo sostenible en Pataz.
La intervención también representa un paso dentro del compromiso asumido por el Gobierno Nacional para erradicar actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en regiones estratégicas del país.
Panorama de la minería ilegal en Pataz
La minería ilegal en la provincia de Pataz representa uno de los principales desafíos para las autoridades y las comunidades locales. Este tipo de actividad no solo genera impacto ambiental sobre los ecosistemas, sino que también contribuye al incremento de la inseguridad y la conflictividad social en la zona.
De acuerdo con el MINEM, el avance de la minería fuera del marco legal ha afectado gravemente la calidad de los suelos y las fuentes de agua, implicando riesgos directos para la salud de las poblaciones cercanas.
Según reporta la Comisión Regional Multisectorial de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), el Gobierno Nacional ha implementado mecanismos para transparentar el uso de los recursos generados por la minería formal.
Sin embargo, el trabajo para contrarrestar las operaciones ilegales en la zona aún enfrenta importantes limitaciones. Las intervenciones armadas y los operativos policiales, como el recientemente ejecutado en Las Manzanas, buscan frenar el avance de las bandas dedicadas a la explotación minera sin autorización.
Desde el Gobierno Regional de La Libertad y la Dirección Regional de Energía y Minas, se han fortalecido esfuerzos para el control y la fiscalización de los procesos extractivos.
La creación de comisiones y mesas técnicas busca mejorar la coordinación interinstitucional y generar alternativas de desarrollo sostenible.
A pesar de estas iniciativas, la magnitud de la problemática requiere una respuesta constante para evitar la proliferación de nuevas bocaminas y el deterioro de los recursos naturales.
