Al menos tres empresas de transporte público han decidido no sumarse al levantamiento del paro anunciado por los principales gremios del sector y el gobierno de Dina Boluarte. Las compañías que confirmaron la continuidad de la suspensión de sus servicios son ‘La 41’, ‘Expreso Ventanilla’—también conocida como ‘La 87’—y ‘La Roma’. La empresa ‘La 57’ también confirmó que no saldrá a trabajar este 7 de octubre.
La decisión de mantener el paro surge tras desacuerdos respecto a la representatividad y los términos de los acuerdos alcanzados en la reciente mesa de diálogo entre dirigentes gremiales y autoridades del Ejecutivo. Un conductor de una de estas empresas, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, manifestó el malestar de sus colegas por la exclusión de representantes legales considerados legítimos dentro del gremio. Mencionó que el señor Palomino, a quien reconocen como su representante, no fue admitido en la negociación. “Nosotros nos sentimos indignados. Como conductores tenemos un representante legal y al señor Palomino no lo han dejado entrar”, expresó el conductor sobre la reunión sostenida con funcionarios del gobierno.
Los trabajadores señalaron que la propuesta oficial incluye la instalación de una mesa de trabajo recién el 14 de octubre, lo que consideran tardío frente a las urgencias en materia de seguridad. “Van a esperar siete días más para iniciar una mesa de diálogo, ¿cuántos muertos más habrán hasta entonces?”, cuestionaron desde el sector.
Otras voces lamentaron la presencia de fuerzas policiales antidisturbios custodiando las zonas de concentración de conductores disidentes, mientras demandan mayor presencia de la Policía en las calles para combatir los riesgos de inseguridad que motivaron la protesta. La situación revela la fragmentación entre distintas agrupaciones y la persistencia de reclamos que, para este grupo de empresas, aún no encuentran respuesta satisfactoria.
Acuerdos con el gremio
El paro de transporte urbano en Lima y Callao llegó a su fin tras la reunión sostenida entre representantes del Poder Ejecutivo y empresarios del sector. Al encuentro asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, así como los titulares de Economía, Interior y Transportes, además de delegados de empresas operadoras en la capital. Durante el diálogo, se establecieron cinco compromisos centrales que buscan atender las demandas del gremio y normalizar el servicio.
El primer acuerdo define la instalación de una mesa de trabajo a partir del 14 de octubre, donde participarán la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entidades públicas y empresas de transporte para analizar la problemática de manera integral. El segundo compromiso garantiza apoyo a conductores, cobradores y familiares de víctimas de la delincuencia, en contexto de que más de 40 trabajadores del sector fueron asesinados.
Un tercer compromiso involucra la coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo para la implementación de unidades de flagrancia y fortalecimiento del bloqueo de líneas celulares en penales. El cuarto acuerdo establece que tanto las autoridades como los transportistas coordinarán acciones para evitar nuevas interrupciones del servicio, privilegiando el diálogo y la continuidad operativa.
El quinto compromiso implica la suspensión oficial del paro y el restablecimiento total del transporte urbano desde el martes 7 de octubre para asegurar la movilidad de los ciudadanos. Pese al acuerdo, algunas zonas como San Juan de Lurigancho continuaron bloqueadas, con conductores en protesta que demandan mejores condiciones de seguridad en las calles.
