El pasado lunes 6 de octubre, Lima y Callao experimentaron una jornada sin precedentes tras la suspensión casi total del servicio de transporte público.
El asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, de la empresa Lipetsa, mientras cumplía su ruta en San Juan de Miraflores, fue lo que impulsó la medida acatada por el 90% de las unidades.
Desde tempranas horas de la mañanas, buses y custers salieron de sus terminales y bases para bloquear las principales vías de la ciudad y así evitar la circulación de otros vehículos.
Miles de pasajeros, especialmente en el Callao, tuvieron que caminar largas distancias tras quedar varados por la interrupción del servicio.
Los gremios denominaron a este accionar el “apagado de motores”, como respuesta al clima de inseguridad que rodea a los trabajadores del volante y a la ciudadanía.
Sus dirigentes advirtieron sobre la posibilidad de nuevas paralizaciones si la ola de extorsión y sicariato se mantiene. “Queremos vivir, no sobrevivir con miedo”, se leía en pancartas levantadas por choferes que temen salir cada día a las calles por las amenazas de bandas criminales.
El paro, aunque inicialmente planteado para extenderse por 48 horas, generó presión sobre el gobierno, que tras negociaciones, se comprometió a buscar soluciones en mesas de trabajo con los gremios.
Anitra solicita ayuda directa a El Salvador
En respuesta a esta crisis, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) remitió una “carta de auxilio” dirigida al embajador de El Salvador en Perú, con el objetivo de solicitar cooperación efectiva contra la extorsión y el sicariato que afecta a sus afiliados.
En el comunicado, la organización hace un reconocimiento explícito a la “lucha valiente” del presidente Nayib Bukele frente al crimen organizado, y pide asesoría e intervención para replicar mecanismos exitosos.
“Conocedores de la gran labor que viene realizando su presidente en defensa de su país, combatiendo día a día hasta erradicar por completo la galopante ola de corrupción y bandas organizadas que han hecho estragos a su pueblo”, se lee en la misiva.
El gremio expresa su “preocupación por la vida de los peruanos”, afectados por la presencia creciente de mafias que operan con esquemas de extorsión, sicariato y lavado de activos.
Anitra plantea en su carta que los transportistas peruanos sostienen “luchas diarias” por la supervivencia personal y de sus familias, bajo la amenaza de perder la libertad y la vida a manos de criminales.
Piden a las autoridades salvadoreñas considerar “realizar un trabajo conjunto tendiente a frenar a las mafias internacionales que han cambiado de domicilio a nuestro país”.
En la misiva, destacaron también que la petición no responde al “interés de un grupo, sino al clamor del pueblo que exige paz y libertad”.
Anitra confía en que la estrategia de El Salvador, que ha exhibido resultados en el control del crimen organizado, pueda servir de modelo o apoyo para revertir la tendencia en Perú.
El comunicado concluye con una exhortación a las instituciones públicas y privadas a “sumarse a esta cruzada nacional contra la delincuencia”, subrayando la gravedad del momento y la urgencia de respuestas coordinadas.
“Nos dirigimos al presidente Bukele para que nos salve de esta masacre que estamos sufriendo el pueblo de manos de la delincuencia y las autoridades. Le pedios en el nombre de Dios del cual usted se devoto también, nos apoye alzando su voz desde allá y active de inmediato ayuda humanitaria”, finaliza el comunicado.
