La declaración de emergencia en el sector del transporte público en Lima y Callao sería viable y es una de las opciones evaluadas en el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte para hacer frente a la escalada de asesinatos y extorsiones que ha golpeado al sector.
Según el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, la medida “es casi un hecho” y busca responder a la creciente violencia que afecta a conductores y empresas de transporte urbano. Esto en un contexto en el que los gremios de transportistas ya anunciaron que suspenderían sus actividades por 24 horas a raíz del asesinato de un chofer la noche del sábado 4 de octubre.
Arriola detalló en conversación con RPP que la decisión sobre el estado de emergencia avanza y es respaldada por la presidenta Dina Boluarte, quien, según el comandante general, ha indicado que la propuesta se encuentra en trámite en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
“(Declarar en emergencia el transporte urbano es) absolutamente viable (...) desde agosto se encuentran de manera constante estas exigencias que son válidas. Se habla de que cada vehículo debe tener un botón de pánico, que cada vehículo debe tener una cámara interconectada a una plataforma (...) también con una línea para el Serenazgo, puedan tener la oportunidad de intervenir inmediatamente ante la amenaza (...)”, indicó Arriola al medio radial.

El jefe policial remarcó que esta medida facilitará la intervención inmediata de la Policía Nacional y el Serenazgo frente a cualquier amenaza a la que puedan estar expuestos los conductores.
Transportistas anuncian un “apagado de motores”
La situación de alarma se encendió tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, ocurrido el sábado por la noche en San Juan de Miraflores. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, anunció en RPP que los trabajadores de varias empresas de transporte realizarán una paralización total de actividades desde las 00:00 del lunes 6 de octubre, con la posibilidad de prolongarse si la situación persiste.
Ojeda sostuvo que “no vamos a salir” y exigió a las autoridades de la Policía y al Ministerio del Interior una respuesta coordinada ante la crisis, e incentivó a la ciudadanía a sumarse de manera simbólica a la protesta, haciendo sonar cacerolas desde las 7 de la mañana como apoyo a los trabajadores del transporte urbano, que son uno de los grupos atacados por la inseguridad, el sicariato y la extorsión.
Transportistas armados para enfrentar a criminales
Una de las opciones propuestas por el gremio de transportistas es que se otorguen facilidades para que los choferes adquieran armas de fuego. Esta propuesta fue planteada por Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú), durante una reunión con el ministro del Interior, Carlos Malaver.
Según Rau Rau, ante la limitada capacidad estatal para garantizar la seguridad, los transportistas necesitan defender sus vidas de alguna forma. “Muchos han sugerido que debemos armar a nuestros conductores, que compren sus armas, que hagan su trámite en la Sucamec”, indicó en RPP.
Sobre este pedido, Arriola recalcó que el derecho a adquirir un arma es igual para todos los ciudadanos, siempre que cumplan los requisitos legales y no tengan antecedentes policiales ni judiciales. “El derecho a adquirir un arma y a ser diestro en el uso, además de cumplir con los estándares psicológicos y la destreza necesaria para portarla, es para todas las personas, con ciertas restricciones”, explicó el comandante general de la PNP.
Sin embargo, Arriola advirtió que portar un arma supone una responsabilidad considerable y un uso incorrecto representa un riesgo adicional.