Una intervención policial a gran escala se desarrolló la madrugada de este domingo en una cevichería ubicada en la avenida Los Platinos, distrito de Los Olivos, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a más de 140 personas, la mayoría extranjeras. Según las primeras investigaciones, el local habría sido utilizado por miembros de la organización delictiva conocida como La Nueva Generación del Hampa, que opera en Lima Norte.
El establecimiento, que funcionaba sin licencia municipal, era una aparente cevichería, pero en realidad operaba como una discoteca clandestina. Agentes de la PNP, apoyados por personal de serenazgo, hallaron en el interior armas de fuego, drogas y municiones, además de identificar a varios de los asistentes como presuntos integrantes de redes dedicadas al sicariato, extorsión y microcomercialización de drogas.
Cevichería era punto de encuentro de delincuentes vinculados a crimen de funcionario indonesio
El operativo, ejecutado por unidades de inteligencia policial, permitió desarticular un espacio que, de acuerdo con las autoridades, funcionaba como centro de coordinación de actividades criminales. “Era una discoteca clandestina donde congregaba una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, colombianos, venezolanos, quienes, pues, al parecer consumían los estupefacientes y planificaban hechos en contra de la seguridad ciudadana”, declaró a RPP el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, William Balladares.
Vecinos del sector habían reportado desde hace semanas el ingreso constante de grupos durante las noches de fin de semana. Las sospechas de que el local servía como escondite delictivo se confirmaron tras la intervención de la PNP, que encontró indicios de reuniones previas relacionadas con el asesinato del funcionario indonesio Leonardo Zetro Purba, representante de la Embajada de Indonesia, ocurrido a inicios de septiembre en Lince.
“Se está manejando el tema de que aquí se habrían reunido previamente al asesinato del ciudadano indonesio. Como ustedes saben, ya se identificó y se detuvo a los sicarios. Ellos han sido puestos a buen recaudo a las autoridades competentes. Se continúan todavía las investigaciones”, señaló el coronel PNP Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios.
Tras la intervención, la PNP confirmó que varios de los detenidos serán investigados por delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir. El oficial precisó que el allanamiento fue producto de un seguimiento previo: “Manejamos información por fuente humana y esas informaciones ya se sabían. Por eso, como parte de las estrategias, se desarrollaron actividades de inteligencia en esta zona norte del país”.
El asesinato del funcionario indonesio y la ruta del arma policial que terminó en manos de sicarios
El crimen del funcionario de la embajada de Indonesia, Leonardo Zetro Purba, ocurrido la noche del 1 de septiembre en Lince, expuso una grave falla dentro del sistema de control de armamento de la Policía Nacional del Perú (PNP). La pistola utilizada para asesinarlo —una Taurus de 9 milímetros— estaba registrada oficialmente a nombre de un suboficial de la división Los Halcones, quien la recibió como parte de su dotación en 2015. Sin embargo, su rastro se perdió apenas un año después, en 2016, sin que el agente reportara la desaparición del arma ante las autoridades competentes.
Las investigaciones de la Dirincri permitieron trazar la trayectoria del arma, que reapareció en 2019 durante un homicidio en Pisco y volvió a estar activa este 2025, cuando fue utilizada para atacar a Zetro Purba. El diplomático, de 40 años, fue interceptado por dos sujetos mientras llegaba a su vivienda junto a su familia, y recibió múltiples disparos a la cabeza. Apenas cuatro horas después, la misma pistola fue usada nuevamente en San Juan de Miraflores, donde dos trabajadoras sexuales fueron baleadas por los mismos agresores.
Uno de los implicados, identificado con el alias “Malaco”, fue capturado en un hostal de San Martín de Porres junto con el arma, cartuchos de dinamita y material que, según la policía, sería empleado en extorsiones. Los investigadores señalaron que los sicarios incluso realizaron una videollamada tras el ataque para confirmar la identidad de sus víctimas. El caso no solo reveló la crueldad de las redes criminales que operan en Lima, sino también la pérdida de control interno de armas policiales, un problema que permite que equipamiento oficial termine siendo utilizado por bandas dedicadas al sicariato y la extorsión.
