Durante años, los vecinos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres vivieron bajo el control invisible del ‘Monstruo’. Su nombre se susurraba en los mercados, en los paraderos y hasta en los colegios, porque todos sabían quién mandaba. Comerciantes, transportistas y mototaxistas entregaban parte de sus ingresos a cambio de poder trabajar sin ser atacados.
El dominio de la organización se extendía con la complicidad de ciertos agentes policiales. Algunos avisaban de los operativos, otros devolvían armas incautadas o borraban denuncias. En el Cono Norte, la autoridad formal perdió legitimidad. Los vecinos entendieron que la ley real la dictaba el miedo y que cualquier intento de rebelión podía pagarse con la vida.
El sistema del miedo: cupos, castigos y silencio
El negocio estaba estructurado como una empresa. Los cobradores recorrían mercados y paraderos con listas detalladas de quién debía pagar y cuánto. Los que se atrasaban recibían disparos al aire o mensajes pintados en las paredes. Las tarifas variaban según el rubro: desde cinco soles diarios para los mototaxistas hasta sumas mucho mayores para empresarios locales. Todos sabían que negarse no era una opción.
El silencio se convirtió en norma. Quien denunciaba terminaba marcado. Muchos comerciantes prefirieron cerrar sus puestos o irse del distrito. El miedo fue tan efectivo que las víctimas dejaron de confiar en la Policía y la Fiscalía. El terror cotidiano reemplazó al Estado, consolidando un sistema en el que cada pago sostenía el poder del ‘Monstruo’.
Chats filtrados: el mapa del poder del ‘Monstruo’
La investigación cambió de rumbo cuando los fiscales obtuvieron chats de WhatsApp que revelaban cómo operaba la red. En los mensajes, el ‘Monstruo’ coordinaba directamente con policías activos, pedía reportes de los cobros y ordenaba castigos a los deudores. Las conversaciones incluían alias, montos y fechas de entrega, como si se tratara de la contabilidad de una empresa.
Los chats también mostraban transferencias de dinero a efectivos policiales, pedidos de información sobre operativos y acuerdos para liberar a detenidos. Con esas pruebas, la Fiscalía logró mapear una organización jerárquica, con contadores, jefes de zona y encargados de logística. Cada miembro cumplía un rol específico y respondía solo al líder, cuya identidad seguía protegida por el miedo.
Armas del Estado, al servicio del crimen
Los allanamientos posteriores revelaron algo más grave: varias de las armas usadas por la banda provenían de depósitos policiales. Se encontraron pistolas Glock, fusiles AKM y municiones con numeración oficial. Las investigaciones apuntaron a un circuito interno de tráfico de armas en el que participaban agentes activos y retirados, encargados de abastecer a la red del ‘Monstruo’.
Los sicarios del grupo estaban entrenados. Algunos eran exmilitares o reservistas del Ejército que realizaban prácticas nocturnas en zonas desiertas de Carabayllo. Con ese nivel de preparación, sus ataques eran precisos y letales. El armamento del Estado terminó siendo utilizado contra los propios ciudadanos, reforzando la sensación de abandono y vulnerabilidad.
Policías bajo sospecha y justicia en deuda
El caso golpeó el corazón de la Policía Nacional. Se detectaron vínculos directos entre efectivos de las comisarías de Pro, Sol de Naranjal y Tahuantinsuyo con la red criminal. Algunos filtraban información sobre intervenciones, otros ayudaban a desaparecer pruebas. En varios celulares incautados se hallaron registros de pagos y mensajes que confirmaban la protección institucional al grupo del ‘Monstruo’.
Pese a las evidencias, pocos agentes fueron sancionados. Varios continuaron en servicio mientras los expedientes se estancaban. Fuentes fiscales confirmaron que la captura del líder fue posible solo gracias al seguimiento electrónico y al rastreo de llamadas que conectaron a los cabecillas con uniformados en actividad. La línea entre la ley y el crimen se volvió casi invisible.
El dominio del ‘Monstruo’: cuando la ley era pagar o morir
Durante su apogeo, el ‘Monstruo’ controló el transporte informal, los mercados y las ferias de Lima Norte. Los conductores sabían que una parte de sus ganancias debía ser entregada a los cobradores del grupo. Los dirigentes vecinales recuerdan que los comerciantes vivían “pagando por respirar”. La organización imponía orden, sancionaba conflictos y decidía quién podía trabajar.
El miedo moldeó la vida cotidiana. Las familias enseñaban a los niños a no mencionar nombres y a no mirar demasiado. Los barrios se vaciaban temprano y las denuncias se perdían en las comisarías. En ese escenario, la extorsión se volvió rutina y la esperanza de justicia desapareció. Solo con la caída del ‘Monstruo’ empezó a romperse el ciclo de silencio que dominó Lima Norte por más de una década.
