Pese a que dijo estar enfocado en su labor como titular del Ministerio de Justicia, Juan José Santiváñez renunció a su cargo. La noticia se dio a conocer minutos después de que el Congreso confirmara que este viernes 3 de octubre se debatiría y votaría la moción de censura en su contra. No obstante, la carta en la que formalizó su salida la presentó en la mañana.
“Estimada y querida señora Presidenta Dina Boluarte. Tengo el honor de dirigirme a usted con motivo de saludarla y, a su vez presentar mi renuncia al cargo de Ministro de Estado en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. [...] Debo expresarle mi mayor agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para el desempeño de tan digno cargo en el Estado, ha sido todo un privilegio ser parte del Gabinete Ministerial que usted lidera y me siento profundamente honrado de haber contribuido con su visión de Gobierno”, menciona la misiva presentada.
En el documento remitido al despacho presidencial, Santiváñez confirmó su interés por ser parte de los próximos comicios. Aunque no detalló bajo qué figura sería parte del proceso electoral, todo apunta a que aspiraría al Senado. “La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026”, se lee.
Aunque habría tenido conversaciones con Renovación Popular, fuentes de APP confirmaron a Infobae que el todavía integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte sería parte de las próximas elecciones en la lista de Alianza para el Progreso. Es justo la agrupación fundada por César Acuña la que adelantó que no respaldaría la censura de ningún ministro.
¿Cuáles fueron los argumentos de la moción de censura?
La moción de censura presentada contra Juan José Santiváñez surgió en el Congreso a raíz de una serie de cuestionamientos políticos, éticos y judiciales relacionados con su gestión y trayectoria en la función pública. Legisladores de diversas bancadas argumentaron que el exministro no reunía las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad necesarias para permanecer al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Uno de los principales motivos expuestos en la moción fue su reciente reincorporación al gabinete pocos meses después de que el propio Parlamento aprobara una censura en su contra cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Para varios congresistas firmantes, este retorno fue percibido como una vulneración directa al “espíritu de la censura parlamentaria”, ya que se consideró que el Ejecutivo desconoció una decisión política sancionadora y debilita el equilibrio democrático entre poderes.
En el documento presentado, la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior fue calificada como “desastrosa” por la falta de resultados tangibles y la ineficacia en la lucha contra la delincuencia. Datos oficiales respaldaron esta percepción: los homicidios crecieron de 1.506 en 2023 a 2.057 en 2024, lo que representa un incremento superior al 30% según SINADEF. Además, la tasa de denuncias de extorsión aumentó 438% respecto a 2019, y diversas encuestas nacionales mostraron que la percepción de inseguridad llegó al 84% en marzo de 2025. Los parlamentarios consideraron que la reiterada declaración de estados de emergencia no generó impactos sostenibles, por lo que la conducción del sector no cumplió con las expectativas civiles ni legislativas.
A estos cuestionamientos de gestión se sumó la existencia de procesos judiciales abiertos en su contra. La moción detalló la investigación por tráfico de influencias agravado que implica un impedimento de salida del país por 18 meses, la acusación de abuso de autoridad por supuesto hostigamiento a un periodista y el caso “El Cofre Presidencial”, donde se lo vincula con la fuga de Vladimir Cerrón. El documento también mencionó una orden de allanamiento judicial y la existencia reconocida de doce carpetas fiscales que investigan delitos como lavado de activos, malversación de fondos, negociación incompatible y encubrimiento personal.
