La presión que ejerce el crimen organizado en el Perú no solo se refleja en las calles, sino también en el interior de los penales. Los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) muestran que, al mes de julio, los establecimientos del país albergan a 26 mil 426 internos vinculados a delitos como extorsión y secuestro. El dato revela un sistema penitenciario marcado por la sobrepoblación y el predominio de delitos graves que continúan generando zozobra en la ciudadanía.
Entre los delitos con mayor presencia en las cárceles figura el robo agravado, que concentra a más de 22 mil reclusos. En un segundo grupo se encuentran cerca de 900 personas sentenciadas por extorsión agravada, sicariato y secuestro agravado. Asimismo, alrededor de cuatro mil cumplen condena por homicidio calificado. Dentro de este panorama, el penal de Lurigancho es el recinto que reúne al mayor número de internos por robo agravado.
El aumento de denuncias por extorsión
Mientras tanto, en el exterior de los penales, las cifras de extorsión marcan un preocupante incremento. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 18 mil 385 denuncias a nivel nacional, según datos oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. El ingeniero electrónico y analista de datos Juan Carbajal, quien difundió esta información, alertó sobre la magnitud del problema: “Cada 19 minutos se registra, en promedio, una denuncia por extorsión a nivel nacional”.
El aumento es notorio si se compara con el mismo periodo del 2024, cuando las denuncias alcanzaron las 14 mil 224. El crecimiento equivale al 29.3%, un salto que refleja la consolidación de esta modalidad delictiva. De acuerdo con los cálculos de Carbajal, en lo que va del 2025 se han reportado 75 denuncias diarias, considerando los 243 días transcurridos hasta agosto.
Lima y Callao, los puntos más críticos
El impacto es especialmente fuerte en Lima Metropolitana y el Callao. En la capital, los registros pasaron de 4,906 a 7,683, lo que significa un incremento del 56.6%. En el primer puerto, la cifra subió de 426 a 631 denuncias, un alza de 48.1%. Estos números colocan a ambas jurisdicciones como epicentros de la expansión de la extorsión, donde el delito parece haber alcanzado un grado de sofisticación que desafía las capacidades de control policial.
Carbajal advirtió que los datos del SIDPOL no son los únicos disponibles, ya que el Ministerio Público suele reportar cifras mayores. En ese sentido, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana anunció que en los próximos días difundirá la actualización fiscal, lo que podría ofrecer un panorama más severo de la realidad.
El crecimiento de denuncias no se limita a la capital. En el norte, Piura se consolidó como una de las regiones más golpeadas, con un aumento del 55.4%. En 2024 se registraron 1,318 denuncias y en 2025 la cifra escaló a 2,048. Áncash también mostró un alza considerable, con un 37%, mientras que en el sur, Arequipa presentó un incremento de 29.9%.
En total, 17 regiones evidencian cifras superiores a las reportadas el año anterior. “La situación no solo está concentrada en la capital, también alcanza diversas zonas del país”, señaló Carbajal en su publicación.
El escenario revela que la extorsión continúa expandiéndose como un delito transversal, presente tanto en la costa como en la sierra y la selva. A la par, la presencia de reclusos por estos crímenes en los penales refuerza la percepción de un sistema judicial que, si bien sanciona con penas severas, enfrenta el reto de contener la creciente amenaza de la criminalidad organizada.
