A raíz de la exposición pública del primo de Jefferson Farfán en diversos medios, la parte defensora de la denunciante sostiene que se mantienen restricciones formales que le impiden a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como Cricri, aparecer en espacios televisivos como ‘El Valor de la Verdad’.
Según la representación legal, estas restricciones buscan impedir la posible revelación de detalles que podrían comprometer la identidad de la víctima.
Los argumentos de la defensa
La aparición de Cristian Antonio Martínez Guadalupe en programas de televisión después de obtener su libertad ha motivado cuestionamientos desde diversos sectores. El representante legal de la denunciante, Javier Muñoz Manayay, remarcó que la familia afectada y su equipo han evitado hacer declaraciones desde el comienzo del proceso y tras la sentencia inicial. “La familia y nosotros, como defensa, siempre nos hemos mantenido al margen durante la investigación y el juicio, incluso después del fallo”, detalló el abogado.
De acuerdo con la defensa, en septiembre se notificó a Martínez Guadalupe mediante un documento de la fiscalía sobre la necesidad de abstenerse de asistir a cualquier medio de comunicación.
El letrado exhibió ese documento en un programa televisivo y explicó que la notificación ocurrió el 2 de septiembre, fecha en la que ya el acusado se encontraba en libertad. “La fiscalía exhorta al señor a abstenerse de presentarse en medios”, expresó Muñoz Manayay, subrayando que la medida sigue vigente.
El abogado argumentó que, pese a la advertencia, Martínez Guadalupe sí intervino en medios en el pasado, situación que no tuvo repercusiones inmediatas a nivel legal. Según la defensa, no se tomaron medidas sancionatorias debido al deseo de preservar la tranquilidad de la denunciante y evitar que el caso escalara. “Se aprovecharon del silencio de mi patrocinada y de la familia para evitar problemas, pensando que así ella podría retomar su vida normalmente”, afirmó el defensor.
Renovación de restricciones y protección de la identidad de la denunciante
En declaraciones a la prensa, Muñoz Manayay indicó que las restricciones legales han sido ampliadas mediante una resolución posterior, manteniendo vigente la prohibición de que el acusado brinde declaraciones sobre el proceso.
Según el abogado, la Resolución Ocho, también emitida el 2 de septiembre, volvió a recordar al acusado sobre las protecciones activadas y el deber de no referirse en públicos a aspectos vinculados con el caso.
“Le amplían las medidas de protección a mi patrocinada y le vuelven a exhortar que no salga en ningún medio a declarar sobre este proceso”, sostuvo el representante legal al enfatizar la vigencia de las órdenes. Además, el letrado mostró su preocupación ante los comentarios y versiones expuestas en otros espacios mediáticos sobre la denunciante, indicando que varios integrantes de la familia Martínez Guadalupe han vertido opiniones que niegan las acusaciones y que buscan desacreditar a la víctima.
“Han salido a decir que todo fue mentira, que nunca hubo agresión”, relató Muñoz Manayay, aludiendo a declaraciones ajenas al proceso judicial pero de alto impacto público.
Debate jurídico y veredicto judicial: persistencia de dudas sobre la autoría
Durante su intervención, el abogado revisó el contenido del fallo judicial, diferenciando entre la acreditación de la existencia del delito y la determinación de la autoría. Al citar el texto legal, expuso: “El análisis de las pruebas permitió acreditar la materialidad del delito de violación sexual según lo consignado en el certificado médico legal”. No obstante, resaltó que el tribunal, en su sentencia, manifestó vacilaciones en torno a la identificación del responsable directo.
En palabras de Muñoz Manayay, “el fallo señaló que, aunque el testimonio de mi patrocinada fue persistente respecto al acto, presentó vacilaciones relevantes sobre la identificación del agresor”. Por este motivo, el fallo determinó que no se demostró de manera concluyente que Cristian Antonio Martínez Guadalupe fuera el autor de lo ocurrido, lo que finalmente derivó en su absolución.
A raíz de este desenlace, el debate público se ha centrado en la posibilidad de que el acusado use espacios televisivos para brindar su versión, asunto que la defensa de la denunciante rechaza al considerar que podría afectar la reserva necesaria de la víctima. Muñoz Manayay reiteró que cualquier intervención pública del acusado significaría una transgresión a las disposiciones legales aún vigentes, cuyo propósito radica en resguardar la integridad y el anonimato de la denunciante.
Las autoridades aún no han emitido comentarios adicionales sobre si se incrementarán medidas preventivas en caso de que el implicado insista en acudir a programas que aborden el caso. Lo cierto es que el tema sigue generando cobertura y atentos reclamos por parte de los abogados y allegados a la parte denunciante.
