Tomás Gálvez asumió como fiscal de la Nación interino. La noticia polarizó el ámbito político. Mientras algunos saludan su designación, esperando que tenga una actitud distinta a la de Delia Espinoza, suspendida por seis meses; otros critican sus presuntos vínculos con la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. En una de sus primeras entrevistas como titular del Ministerio Público, el fiscal supremo minimizó los cuestionamientos.
“Que hablen lo que quieran. Yo no tengo que responderles nada. Eso ya se ha archivado al 100 %. Nunca tuve yo participación en ello y lamentablemente me incorporaron estos fiscales del Callao que, que como se sabe, han hecho un trabajo pernicioso. Si ellos hablan, que hablen pues, eso es al vacío, porque yo no tengo nada que ver con ese grupo”, mencionó en diálogo con Panamericana.
En otro momento de la comunicación, sostuvo que realizará un diagnóstico interno sobre la situación del Ministerio Público antes de tomar cualquier medida relevante, incluyendo el futuro del equipo especial que investiga la corrupción de empresas brasileñas y la continuidad de entes como el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop).
“Tengo que informarme de la situación de cómo está la Fiscalía de la Nación. Tengo que hacer un diagnóstico también de la problemática y luego iré tomando las decisiones conjuntamente con los señores fiscales supremos, que hemos convenido en que se tiene que hacer un trabajo de consenso”, explicó y reconoció que el Ministerio Público afronta un momento crítico, por lo que invocó a superar “conjuntamente con todos los fiscales y haciendo la coordinación con todas las autoridades”.
IDL envió carta a la Junta de Fiscales Supremos
Al conocer que la designación de Tomás Gálvez era una fuerte posibilidad, el Instituto de Defensa Legal (IDL) envió un documento a la Junta de Fiscales Supremos en el que recordó los fundamentos jurídicos que deben regir la selección de la máxima autoridad fiscal, enfatizando la obligación de salvaguardar la independencia y apariencia de independencia como garantías del sistema judicial.
El escrito planteaba que Gálvez, tras su destitución de la carrera fiscal por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y posterior restitución por decisión del Tribunal Constitucional, mantuvo conductas que lo muestran como un actor político partidario y que llegó a integrar un partido que lanzó su virtual candidatura presidencial. “Su restitución, por una decisión del Tribunal Constitucional, no elimina este hecho”, señala el pronunciamiento.
La organización advirtió que el nombramiento de Gálvez representa, a su juicio, una vulneración del derecho fundamental a una justicia independiente, ya que el perfil exigido por la Ley de la Carrera Fiscal demanda independencia real y percibida, requisito enfatizado tanto por la legislación nacional como por estándares internacionales. A su vez, señala que el abogado incurrió en faltas éticas, cuestionando su respeto a los pares, la prudencia y la transparencia, al tiempo que se recuerda la necesidad de preservar la imagen y legitimidad institucional del Ministerio Público ante la ciudadanía, especialmente “en un contexto de crisis de derechos humanos, de corrupción y crisis institucional”.
El IDL remarcó que la elección del titular —aún en carácter interino— debe tomar en cuenta diez principios fundamentales, incluidos deberes éticos, la defensa de la legalidad, la autonomía del Ministerio Público y la protección del derecho humano al acceso a la justicia con garantías de imparcialidad. Argumentó que la designación de una persona vinculada públicamente al poder político “es objetivamente incompatible con la independencia exigida para ejercer el cargo”. No obstante, no fue considerada.
