Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por falta de idoneidad, confianza y probidad en el sector.
Susel Paredes venía recolectando las 33 firmas necesarias para oficializar la moción. En caso de que prospere la censura, Santiváñez sería el primer ministro en ser apartado dos veces por el mismo Parlamento.
Uno de los principales cuestionamientos justamente es su regreso al gabinete apenas cinco meses después de haber sido censurado por el Congreso en su anterior cargo como ministro del Interior.
Según el Reglamento del Congreso, el Pleno estará habilitado para debatir la moción de censura contra Juan José Santiváñez entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Es decir, la propuesta sería debatido la próxima semana.
Las razones para la censura
En el documento se califica la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior como “desastrosa”. Se le atribuye la falta de resultados concretos, la ineficacia de las medidas adoptadas y la reiterada declaración de estados de emergencia sin impacto sostenible en la reducción de la delincuencia.
Si citan datos oficiales para reforzar este diagnóstico: los homicidios pasaron de 1.506 en 2023 a 2.057 en 2024, lo que representa un incremento de más del 30% según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Además, el SIDPOL-PNP reportó en 2024 una tasa de 64,7 denuncias de extorsión por cada 100.000 habitantes, un 438% más que en 2019. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 85,1% de la población urbana manifestó temor de ser víctima de un delito entre fines de 2024 e inicios de 2025. Las encuestas nacionales reflejaron que en marzo de 2025 el 84% de los ciudadanos identificó a la inseguridad como el principal problema del país, 28 puntos porcentuales más que en julio de 2024.
A estos antecedentes se suman los procesos judiciales que enfrenta el actual ministro. La moción detalla que Santiváñez está sometido a una investigación por tráfico de influencias agravado, en la que la Corte Suprema dispuso en junio de 2025 un impedimento de salida del país por 18 meses, tras acreditarse indicios de que solicitó hasta USD20.000 para influir en magistrados del Tribunal Constitucional.
Además, afronta una acusación por abuso de autoridad derivada de su gestión en el Ministerio del Interior, donde presuntamente hostigó a un periodista utilizando recursos públicos y entregó a la Fiscalía un celular reseteado. También figura en el caso denominado “El Cofre Presidencial”, donde la Fiscalía presentó una denuncia constitucional ante el Congreso el 16 de mayo de 2025, acusándolo de omisión de denuncia por no informar el uso de un vehículo oficial para facilitar la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón.
El documento parlamentario subraya que “solamente estos tres procesos judiciales configuran un cuadro de seria pérdida de confianza política y ética, incompatible con su permanencia como ministro de Justicia y Derechos Humanos”.
También se consigna la reciente orden de allanamiento dictada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que vincula a Santiváñez como “hombre clave dentro de una presunta organización criminal”. Según la resolución judicial, se le atribuye la función de articular redes de poder político y policial para direccionar contratos públicos, influir en ascensos y permanencias de generales de la Policía Nacional, proteger operaciones mineras ilegales y encubrir actos ilícitos en la administración pública.
En su propia Declaración Jurada presentada ante la Presidencia del Consejo de Ministros para asumir funciones, Santiváñez reconoció la existencia de doce carpetas fiscales en curso en las que se le investiga por delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, lavado de activos, encubrimiento personal, negociación incompatible, malversación de fondos y omisión de denuncia. La moción califica esta acumulación de investigaciones como “inédita y sumamente preocupante”.
La designación de Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos es considerada por los congresistas como una “vulneración abierta al espíritu de la censura parlamentaria”, ya que el Congreso le retiró la confianza en marzo de 2025 por su ineficacia frente a la inseguridad. Su reincorporación en una cartera clave como Justicia y Derechos Humanos, según el documento, no solo desconoce la sanción política previamente impuesta, sino que también erosiona la institucionalidad democrática al debilitar el control parlamentario sobre el Ejecutivo.
En conclusión, los congresistas firmantes sostienen que el ministro de Justicia y Derechos Humanos ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar el sector. Su permanencia en el cargo representa, según la moción, “un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”.
