La Contraloría General de la República de Perú advirtió serias deficiencias en el proceso de contratación del servicio de transporte terrestre de pasajeros en la ruta de acceso a la Llaqta Machupicchu y/o Hiram Bingham, una de las vías más sensibles para el turismo nacional e internacional.
El informe de orientación de oficio N.° 10165-2025-CG/TRACO-SOO, fechado el 17 de septiembre de 2025 y notificado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, identificó dos situaciones adversas que podrían comprometer la continuidad y calidad del servicio en uno de los principales destinos turísticos del país.
Contraloría alerta vacío en contrato de transporte a Machu Picchu
El conflicto central gira en torno a la transición entre operadores del servicio de transporte turístico en la ruta Machupicchu Pueblo–Santuario Histórico de Machupicchu, tras la finalización del contrato con la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. el 4 de septiembre de 2025.
La municipalidad intentó avanzar con una licitación pública para una nueva concesión, pero el proceso quedó suspendido por una acción de amparo presentada por la propia Consettur ante el 2° Juzgado Constitucional de Lima, que solicitó la suspensión de la licitación. Ante la inminente caducidad del servicio y el riesgo de desabastecimiento, la Municipalidad Provincial de Urubamba recurrió a un procedimiento de contratación directa por causal de desabastecimiento.
El servicio se adjudicó a la empresa Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. por S/19 millones 440.000 y un plazo de 120 días calendario. No obstante, al momento de la emisión del informe, el contrato aún no había sido suscripto, lo que generó un vacío operativo.
Ruta a Machu Picchu sin operador formal tras advertencia de Contraloría
La Contraloría detectó que el Plan de Contingencia elaborado por la municipalidad para garantizar la continuidad del servicio carece de definiciones clave sobre la administración y el cobro de tarifas, así como sobre la operatividad durante la etapa de transición entre operadores.
“El Plan de Contingencia emitido por la Municipalidad Provincial de Urubamba no ha definido las actividades vinculadas al cobro de tarifas y la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros en la ruta de acceso a la Llaqta Machu Picchu, requeridas durante y después de la etapa de transición de los operadores de servicio, ni tampoco han sido consideradas en los documentos del procedimiento de selección, lo que podría afectar la continuidad y calidad del servicio de transporte turístico requerido por los usuarios, y con ello la finalidad de la contratación“, señala el organismo.
Aunque el plan prevé la venta de boletos en boleterías físicas y a través de una plataforma virtual, no se especifica cómo se calcularon las tarifas, ni cómo se implementará y operará el cobro, la recaudación y la custodia de los fondos. La comisión de control solicitó a la municipalidad los documentos que sustenten y formalicen el esquema tarifario y su incorporación al presupuesto institucional, pero “a la fecha no han sido entregados a la comisión de control, hecho que constituye una limitación para poder desarrollar la labor de control de la Contraloría General de la República.”
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En cuanto a la transición de operadores, la Contraloría observó que no existen disposiciones claras sobre la interacción entre la empresa saliente (Consettur Machupicchu S.A.C.), la entrante (Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy S.A.) y la propia municipalidad, que actúa como administradora del proceso y responsable de la venta de tickets.
“Dos empresas se encontrarían en la zona de la prestación del servicio durante un periodo de tiempo (etapa de transición), sin que se haya definido la interacción que deberá darse entre ellos y la Municipalidad Provincial de Urubamba, más aún, si de acuerdo a los Términos de Referencia, el servicio brindado por la empresa entrante inicia el mismo día de la suscripción del contrato, así como tampoco se cuenta con información sobre la previsión de actividades vinculadas a la venta de los tickets para la atención de los pasajeros, usuarios del servicio, y cómo, dichos recursos serán recaudados por la Municipalidad a fin de garantizar el pago al contratista", remite.
Transporte a Machu Picchu, en vilo por falta de contrato y flota insuficiente
La segunda situación adversa identificada por la Contraloría se refiere a la cantidad y condiciones de los vehículos requeridos para la prestación del servicio. Mientras que el proceso de concesión original y el plan de contingencia preveían una flota de entre 18 y 24 buses, los términos de referencia de la contratación directa solo exigieron un mínimo de 18 unidades, cantidad que fue ofertada por la empresa adjudicataria.
El informe señala que, al momento de la inspección realizada el 11 de septiembre de 2025, “la empresa Consettur Machupicchu S.A.C. continúa operando dicho servicio, evidenciándose en dicha oportunidad la existencia de veinte (20) unidades vehiculares que se desplazaron en la ruta señalada”, mientras que no se advirtió la presencia de vehículos de la nueva operadora.
La Contraloría remarcó que la reducción de la flota podría afectar la cobertura de la demanda, ya que la cantidad de vehículos adjudicados es menor a la que actualmente cubre el servicio. Además, los términos de referencia no contemplan la existencia de una flota de retén (vehículos de reemplazo en caso de avería o siniestro), ni la obligación de contar con talleres de mantenimiento, condiciones exigidas por las normas complementarias municipales.
“No se habría establecido para la prestación del servicio la flota de retenes, ni taller de mantenimiento, de conformidad con lo establecido en las Normas Complementarias aprobadas por la Municipalidad Provincial de Urubamba; ni el personal mínimo requerido considerado en el Plan de Contingencia; por lo que dichas situaciones advertidas podrían afectar la calidad y demanda del servicio de transporte para el traslado de turistas hacia la Llaqta Machupicchu durante el periodo de ejecución del contrato", continúa el documento.
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Finalmente, el informe también documenta que la comisión de control no pudo acceder físicamente al área donde se encuentran los buses ofertados por la nueva empresa, ya que los auditores fueron repelidos por pobladores que custodiaban las unidades y alegaron no tener autorización para permitir el ingreso. Esta restricción fue considerada una limitación para el ejercicio de la labor de control.
En sus recomendaciones, la Contraloría instó a la Municipalidad Provincial de Urubamba a adoptar “las acciones correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del procedimiento de contratación señalado.” Además, la municipalidad deberá informar al Órgano de Control Institucional en un plazo de cinco días hábiles sobre las medidas adoptadas o por adoptar respecto de las situaciones adversas detectadas, adjuntando la documentación de sustento.
