El Consejo Privado de Competitividad (CPC) advirtió que la reciente autógrafa aprobada por el Congreso de la República para elevar la pensión mínima de los docentes jubilados y cesantes a S/3.300 tendría un impacto anual de S/5.400 millones para el fisco peruano.
Según el organismo especializado, este desembolso superaría el costo de la primera etapa del megaproyecto del puerto de Chancay (US$1.300 millones), en un contexto donde la remuneración base de los docentes experimentó un aumento aproximado de 65% desde 2018.
Congreso aprueba alza de pensión docente, crece presión sobre el Estado
La autógrafa, aprobada en segunda votación por el Pleno del Congreso, establece que la pensión mínima para los docentes será equivalente a la primera escala magisterial vigente, lo que implica elevar el monto desde S/800 hasta alcanzar S/3.300 mensuales.El beneficio alcanzaría tanto a los maestros comprendidos en los regímenes públicos de los decretos leyes 19990 y 20530 como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones y a la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944). Tras esta aprobación, la norma fue enviada al Ejecutivo para que decida si la promulga u observa.
Graciela Muñiz, economista principal del CPC, advirtió a Infobae Perú que tal medida “implicaría una presión fiscal enorme y prolongada, superior a la asignada a grandes megaproyectos de infraestructura”. Subrayó que “el mecanismo de indexación contenido en la ley implica que cualquier nuevo aumento del salario base docente incrementará a su vez el gasto previsional automáticamente”, lo que puede volver aún más rígido el presupuesto estatal cada año.
CPC advierte riesgo fiscal por aumento de pensiones a docentes
Muñiz agregó que “hay riesgos de crear un ‘efecto espejo’, pues si se aprueba este beneficio para los docentes, otros gremios estatales van a exigir lo mismo”. Según su evaluación, sectores como “médicos, policías o enfermeros” podrían presentar demandas equivalentes, un escenario que pondría en jaque la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para el CPC, la atención al problema previsional debe ser sistemática y no fragmentada. “La equidad y sostenibilidad del sistema previsional requieren de reformas integrales, no de respuestas parciales ni aceleradas a presiones sectoriales”, sostuvo Muñiz. Además, remarcó que “el aumento de salarios en el sector público docente ha sido constante”. En esta línea, recordó que el magisterio figura entre los grupos más beneficiados por sucesivos incrementos de planillas estatales en los últimos años.
Ejecutivo debe decidir sobre pensión mínima de S/3.300 para maestros
En el análisis del CPC, hoy el país enfrenta una conjunción de “presión creciente sobre el gasto público y reducción de ingresos tributarios”. Por esa razón, Muñiz enfatizó que “no existe espacio fiscal para asumir una erogación de esta magnitud”. Añadió que, dada la magnitud del riesgo, el Ejecutivo tiene la “responsabilidad de observar la autógrafa y proteger la disciplina fiscal.
De acuerdo con la postura del CPC, avanzar en decisiones aisladas “genera inequidad entre los gremios públicos y entre trabajadores del sector privado y estatal”, además de elevar peligrosamente la rigidez del gasto. “La promesa de pensión digna para los maestros debe surgir de una reforma previsional universal, tecnica y equitativa, no de medidas parciales que generan más presión y fragmentación”, declaró Muñiz.
La economista concluyó que “la estabilidad macroeconómica y la protección a los adultos mayores exigen reformas responsables”. El CPC reiteró que las decisiones legislativas de alto impacto fiscal deben someterse a “evaluación técnica, consultas amplias y criterios de sostenibilidad”, para no comprometer la viabilidad del sistema previsional peruano en su conjunto.
