El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, advirtió que impulsará acciones legales contra los jueces que no apliquen la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso peruano. La postura fue comunicada durante una entrevista difundida en el canal de YouTube de La Cámara Inmobiliaria Peruana, donde el funcionario aseguró que en los próximos días se reunirá con los procuradores del Estado para coordinar la presentación de denuncias.
Expresó que las acciones legales apuntarán a aquellos jueces que, en sus palabras, “no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico”. El ministro afirmó estar absolutamente de acuerdo con la Ley N.° 32419, porque “los policías y militares que están siendo juzgados muchos llevan sus procesos 40 años, son personas que se fajaron por el Perú”.
Agregó que mientras al Estado peruano se le exige pagar indemnizaciones a condenados por delitos de terrorismo por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la práctica no se ha reconocido el debido proceso ni derechos fundamentales a miembros de las fuerzas del orden involucrados en casos relacionados con la lucha antisubversiva.
“Para mí el sistema está absolutamente contaminado, desde el punto de vista de las normas sustantivas y procesales. Lo dicho por la presidenta y que nosotros compartimos es que el Perú es un país independiente y soberano. Lo que la Corte pueda resolver es absolutamente irrelevante. Ellos no vivieron nuestra guerra”, mencionó sin querer dar una respuesta final sobre la eventual salida del país del organismo internacional.
En paralelo, pese a que aseguró ser “defensor de la libre expresión”, el titular del Ministerio de Justicia denunció la existencia de lo que denominó una “mafia” dentro de sectores periodísticos y judiciales que, aseguró, interviene coordinadamente para impulsar investigaciones mediáticas “con la misma tesis fiscal” y presionar sobre procesos de interés público. Este señalamiento se suma a recientes declaraciones críticas contra la prensa y el Ministerio Público, a quienes el funcionario atribuye campañas en su contra y presunta connivencia en investigaciones judiciales de alto perfil.
En esa línea se refirió a la reforma del sistema de justicia. Mencionó que “lo primero que tiene que hacerse es terminarse con la provisionalidad o, en todo caso, evitar que el nombramiento de estos fiscales provisionales dependan del fiscal de la nación”. Planteó que, en su lugar, sea la Junta Nacional de Justicia quien los nombre dentro del grupo de candidatos que se presentó a fiscales supremos y que aprobaron, pero que no obtuvieron una plaza.
“Eso sería lo más razonable, pero que no le deban el puesto ni el favor a quien está a la cabeza, porque van a resolver como más convenga a la cabeza. Y eso es algo que creo yo que, que muchos lo pueden considerar natural”, mencionó.
¿Es cierto lo que dice Juan José Santiváñez?
Según las declaraciones de Carlos Rivera, no es cierto que existan policías con procesos judiciales abiertos desde hace más de 40 años. Rivera aclara que en los años ochenta, las investigaciones judiciales a policías y militares fueron derivadas al fuero militar, donde no avanzaron, y en los años noventa, las investigaciones fueron cerradas por efecto de la Ley de Amnistía del gobierno de Alberto Fujimori.
Explicó que al retornar la democracia, no existían casos abiertos y los procesos se reabrieron a partir de la sentencia del caso Barrios Altos, en marzo de 2001, o incluso años después, con nuevos casos que se abrieron en 2023. Es decir, las investigaciones actuales no datan de hace treinta o cuarenta años.
