La fachada de un negocio inactivo permitió a la red conocida como Los Occidentales sostener una estructura delictiva que dominó el transporte público en Lima Norte. Con granadas, armas de fuego y amenazas, esta organización de origen venezolano convirtió la vida diaria de los conductores en un escenario de terror.
Las pesquisas policiales y financieras demostraron que una empresa registrada como distribuidora de alimentos sirvió para canalizar más de veinte millones de soles. No existía actividad comercial real, pero sí una planilla criminal que incluía cobradores, sicarios e intermediarios que garantizaban el flujo constante del dinero proveniente de los cupos.
El falso negocio que disfrazaba la extorsión
Representaciones CJ 2021 EIRL figuraba en los registros como un emprendimiento dedicado a la venta de productos alimenticios. Sin embargo, no contaba con clientes ni operaciones formales. Las cuentas bancarias ligadas a esta firma revelaron movimientos inusuales: depósitos desde billeteras electrónicas, transferencias entre particulares y montos que no correspondían a su rubro declarado.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que en pocos meses la compañía pasó de tener ingresos mínimos a manejar cientos de miles de soles. El dinero provenía de los pagos que los transportistas se veían obligados a realizar bajo amenazas. Estos montos luego se distribuían a través de un circuito de transferencias que terminaban en manos de los cabecillas.
La planilla de sicarios y cobradores
Los investigadores descubrieron que Los Occidentales habían replicado el modelo de una empresa formal. Cada integrante cumplía funciones específicas: algunos se infiltraban como choferes en las rutas para controlar los grupos de comunicación, otros cobraban directamente a los conductores y un tercer grupo se encargaba de ejecutar los ataques cuando alguien se resistía.
Entre los nombres identificados figuraban Yorman Barrios Martínez, señalado como líder principal, así como Armando Torrealba y Freitis Santaella, alias “El Gringo”. También se detectó la participación de mujeres como Ana Tovar Álvarez, designada para recaudar dinero dentro de una de las líneas de transporte más golpeadas por la extorsión.
El circuito financiero y los beneficiarios
El esquema económico funcionaba de manera precisa. Primero, el dinero recolectado de los choferes se depositaba en cuentas personales. Luego, esos montos eran transferidos hacia Representaciones CJ 2021, que aparecía como la empresa central de la red. Posteriormente, los fondos eran distribuidos a otros testaferros que presentaban negocios aparentemente legales.
Entre los beneficiarios aparecieron Armando José Córdoba Salsalejo, quien recibió cerca de cuatrocientos mil soles, y su esposa, Sara Ruth Paredes Oloya, que acumuló más de cuatro millones en movimientos. Incluso la madre de Córdoba, Rosa Margarita Salsalejo, registró depósitos que superaban los setecientos mil soles. La magnitud de estas cifras permitió a la organización invertir en propiedades, vehículos y locales comerciales.
La caída de la red criminal
El seguimiento de las transferencias bancarias llevó a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Crimen Organizado a ubicar a los responsables. Se identificaron direcciones IP en Ecuador y Colombia que revelaban el movimiento internacional de fondos hacia Venezuela y su posterior retorno al Perú. Esa ruta evidenció que el dinero de la extorsión se lavaba con un método similar al de los cárteles de droga.
Tras meses de trabajo de inteligencia, un operativo permitió la captura de 27 integrantes de la red, incluido el propio Yorman Barrios y su entorno más cercano. Las autoridades incautaron cuentas con más de veinte millones de soles congelados y liberaron a diez empresas de transporte que habían estado sometidas a las amenazas y ataques.
