11 comisiones investigadoras y 28 especiales fueron creadas por este Congreso de la República en los últimos cuatro años, además de los tradicionales grupos ordinarios que legislan y fiscalizan el día a día del Parlamento. Con un gasto que supera los S/23,3 millones destinados a las remuneraciones de 451 trabajadores, el balance de su operación plantea serias preguntas sobre el uso de los recursos públicos y la efectividad de sus resultados. Un informe de OjoPúblico y el Portal de Transparencia Congresal revela que, más allá del despliegue de personal y recursos, los avances tangibles de estos grupos son escasos.
El Congreso unicameral cuenta este año con un presupuesto récord de S/1.412 millones y una planilla cuyo peso recae sobre los gastos en personal: S/923 millones serán destinados únicamente a salarios, una cifra equivalente a más del 65% del presupuesto total aprobado. El crecimiento del número de comisiones, que de 36 en 2021 saltó a 51 en 2022 y sigue aumentando hasta hoy, ha sido uno de los argumentos principales para solicitar mayores fondos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. En 2022, se tramitó un crédito suplementario de S/70 millones que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto justificó, entre otros motivos, por la proliferación de estos grupos de trabajo y la consiguiente contratación de más personal.
De las 11 comisiones investigadoras instaladas desde 2021, apenas una consiguió la aprobación de su informe final por el pleno. La comisión sobre el paro agrario y transportista de 2022 fue la única en lograr ese objetivo. Otras, como la que buscó comprobar irregularidades en las elecciones generales de 2021, no corrieron la misma suerte pese a generar gasto en planilla por encima de los S/150,000. Para el caso de las llamadas comisiones especiales, la situación no muestra mejores resultados: sus conclusiones carecen de carácter vinculante y muchas de sus propuestas de ley ni siquiera llegan al pleno sin antes pasar el filtro de una comisión ordinaria.
Solo las comisiones especiales han requerido S/19,4 millones para el pago de sueldos a 27 grupos que aún continúan en funcionamiento. El criterio de creación responde a mociones aprobadas por mayoría simple del pleno, lo que permite la formación de equipos en paralelo a las comisiones permanentes, aunque su capacidad de incidencia real en la agenda nacional es limitada.
El caso de la comisión especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres es emblemático: destinó S/1,3 millones para 23 trabajadores desde 2021 y, pese a sus informes extensos, sus recomendaciones apenas aluden a la necesidad de fortalecer las capacidades estatales, sin evidenciar acciones concretas. El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular), presidente de este grupo y actualmente investigado en el caso Los Niños, evitó responder ante la prensa sobre los resultados de su gestión.
La comisión de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, encabezada por Nieves Limachi (Juntos por el Perú), suma S/1,2 millones en gastos para 22 trabajadores. Limachi defiende el trabajo realizado, recordando campañas informativas y propuestas legislativas, aunque la principal ley citada como logro (la Ley de Orfandad) fue en realidad una iniciativa canalizada por la comisión ordinaria de Mujer y Familia, no por el grupo especial bajo su liderazgo. Además, Limachi estuvo ausente en la sesión de censura a un ministro clave para el sector que supervisa.
Otro caso relevante es la Comisión Especial OCDE, presidida por Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), que invirtió S/1,2 millones en salarios. La comisión declara un rol de acompañamiento y fiscalización en la adhesión del Perú a la OCDE, aunque no detalla resultados concretos derivados de su trabajo. Cabe recordar que un reciente oficio del Comité Anticorrupción de la OCDE advirtió que una ley impulsada y aprobada por el propio Congreso podría entorpecer el proceso de ingreso del país al organismo internacional.
En materia de comisiones investigadoras, de siete que finalizaron su labor, solo dos informes fueron llevados al pleno, y únicamente uno recibió aprobación. Temas relevantes, como las muertes en las protestas contra el Gobierno de Pedro Castillo, culminaron recomendando investigaciones fiscales sin avances judiciales aparentes hasta el momento. Otros grupos, como la comisión sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, amplían plazos y retoman testimonios, pero aún no tienen productos finales de utilidad ciudadana.
El último informe parlamentario también revela la existencia de conflictos de interés en la contratación de asesores, como el caso de la Comisión Odebrecht, que incorporó a un abogado vinculado con investigados por el caso Lava Jato, y se vio obligada a aceptar su renuncia tras el escándalo mediático.
El Congreso debate ahora un nuevo reglamento para afrontar la transición a la bicameralidad desde 2026. Según advierte la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), los proyectos analizados dejarían la puerta abierta a una mayor multiplicación de comisiones de estudio. “No se determina cuál será la utilidad y para qué servirían”, sentenció al medio en mención.
