Un informe de la Contraloría General de la República, publicado en agosto de 2025, puso en evidencia presuntas irregularidades en la compra de compresoras de aire para los Bomberos del Perú. Estas máquinas, fundamentales para recargar los cilindros de los equipos de respiración autónoma (EPRA) que permiten a los efectivos ingresar a zonas de fuego intenso sin asfixiarse, fueron adquiridas el año pasado por la Intendencia Nacional de Bomberos por más de 500 mil soles. Sin embargo, hasta la fecha, no estarían en funcionamiento.
Las compresoras toman aire del ambiente, lo filtran y lo comprimen para llenar los cilindros de los equipos de respiración autónoma. Cada uno puede contener cerca de 2.000 litros de aire, imprescindibles para que los bomberos trabajen en condiciones seguras durante incendios estructurales. Sin este soporte, los rescatistas no podrían ingresar a zonas de riesgo sin exponer su vida.
Una compra cuestionada
El 9 de julio de 2024, la Intendencia convocó la compra, instalación y puesta en marcha de tres compresoras de aire. Nueve días después, la buena pro fue adjudicada al consorcio Casco Perú, integrado por una empresa local y otra española. Según los términos del contrato, dos equipos debían ser destinados a la compañía de bomberos San Miguel y uno a la compañía N.° 63 de Ayacucho.
No obstante, la Contraloría constató que los locales no habían sido acondicionados oportunamente para recibir las máquinas, lo que obligó a que los equipos permanecieran almacenados en la sede de la Intendencia en la avenida La Paz, expuestos al polvo y sin ser utilizados. En el caso de San Miguel, la propia entidad reconoció que la compañía se encontraba en estado ruinoso, con tableros eléctricos deteriorados y riesgo de accidentes.
A pesar de estas deficiencias, el 19 de noviembre de 2024 la Intendencia firmó la conformidad con el contratista, aun cuando no se había completado la instalación ni la puesta en marcha de los equipos. La Contraloría verificó en cuatro visitas realizadas este año que las compresoras seguían sin operar, cubiertas con cartones, sin conexión eléctrica y sin haber recargado un solo cilindro.
En Ayacucho, la situación fue aún más crítica. La falta de condiciones técnicas obligó al alquiler de un grupo electrógeno y al traslado de cilindros desde Lima para suplir la inoperatividad del equipo, generando gastos adicionales.
Respuestas y contradicciones
El informe identificó a tres funcionarios como presuntos responsables, entre ellos Litman Ramos Ortega, encargado de infraestructura, quien aseguró en ATV Noticias que las máquinas “sí están funcionando” y que se han hecho pruebas de carga. No obstante, las evidencias recogidas por el medio en Lima y Ayacucho mostraron que las compresoras permanecen sin uso efectivo.
En un pronunciamiento remitido tras la difusión del reportaje, la Intendencia Nacional de Bomberos sostuvo que los tres equipos fueron entregados, probados e instalados en condiciones seguras y que “vienen funcionando normalmente”, respaldando su afirmación con videos y fotografías. Afirmaron además que es falso que los equipos estén en abandono.
Pese a cuestionamientos, un nuevo contrato
Lo más llamativo es que, pese a las observaciones de la Contraloría, a fines de 2024 la Intendencia volvió a adjudicar al mismo consorcio un contrato para la compra e instalación de ocho compresoras adicionales, esta vez por un monto superior a 2 millones de soles.
El informe de control específico, elaborado entre febrero y mayo de 2025, concluyó que la adquisición de las compresoras estuvo marcada por deficiencias en la planificación, incumplimiento de requisitos técnicos y una conformidad firmada sin la plena operatividad de los equipos. Para los bomberos, esto significa enfrentar emergencias sin contar con herramientas vitales, mientras que para el Estado implica un gasto millonario sin resultados concretos.
